La Fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación sobre la venta de mascarillas por parte de empresas de la trama del 'caso Koldo' a las administraciones de Canarias y Baleares a lo largo de 2020 y 2021, durante la pandemia. En el caso de Balears se compraron mascarillas por valor de 3,7 millones y en el caso de Canarias las compras de material sanitario superaron, en total, los 12 millones de euros.
El organismo explica que después de recibir “la denuncia de un particular” se comprobó que esta investigación era de su competencia, recabando “información adicional” de la Fiscalía Anticorrupción y del juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso. La decisión, después de recibir la primera remesa de documentación en el verano de 2023, es “iniciar formalmente la investigación por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
La operación Delorme investiga si varios empresarios vendieron mascarillas a diversas administraciones públicas en el primer año de pandemia de coronavirus, y si lo hicieron con sobrecostes, ocultando comisiones y usando las conexiones de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Contratos millonarios con Puertos del Estado, ADIF o el Ministerio del Interior pero también con dos administraciones regionales: Balears y Canarias.
La propia Fiscalía Anticorrupción envió a sus colegas de Luxemburgo la documentación de estos dos últimos bloques de contratos, al entender que además de los delitos que se investigaban en España también se podrían haber comprometido fondos europeos al haber sido sufragados, parcialmente, con dinero comunitario y a través de contratos de urgencia que requerían de escasos diques administrativos.
En el caso de Balears, la administración sanitaria del Govern que entonces capitaneaba Francina Armengol compró 3,7 millones de euros en mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una de las principales empresas de la trama. Con el tiempo, comprobaron que no eran de la calidad requerida y arrancó un expediente para solicitar a la empresa el reintegro de buena parte del dinero. Una de las ramificaciones de esta 'operación Delorme' pasa por averiguar si la trama intentó y consiguió que esa reclamación, ya con Marga Prohens y el PP en el ejecutivo de las islas, caducase.
El ejecutivo canario, que entonces lideraba el hoy ministro Ángel Víctor Torres, también firmó media docena de contratos con esta empresa para el suministro de mascarillas y otro material sanitario. Varios cientos de miles de euros de esas compras fueron financiados con fondos europeos puestos a disposición de Canarias en 2014 pero cuyo gasto, tras el estallido de la pandemia, también fue autorizado para suministrar de mascarillas al personal sanitario.
En su comunicado, la Fiscalía Europea no aporta más datos sobre la investigación aunque sí explica qué tres delitos indaga: malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.