La Fiscalía Europea ha decidido archivar la investigación que mantenía abierta en torno a las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en un proceso de compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. El organismo comunitario concluye que en este proceso de compra, un total de 1,5 millones de euros de los que el hermano de la presidenta cobró 283.000 euros de comisión, no hay pruebas de sobreprecios: “No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa”, dice en un comunicado. La Fiscalía española también decidió en su momento archivar el caso.
Un trabajo por el que el hermano de Ayuso se embolsó vía comisión al menos 55.850 euros más IVA (67.785 euros), según el importe que ha reconocido públicamente la presidenta madrileña. El Gobierno regional confirmó después que el hermano de la presidenta regional recibió pagos en el total del año de esa empresa por 283.000 euros, pero aseguró que las otras tres facturas no tienen relación con el contrato adjudicado por la Comunidad. Los datos de la Fiscalía revelaron que la empresa pagó poco más de medio millón por comprar y traer las mascarillas y cobró casi tres veces más.
El contrato que ha sido investigado tanto por la Fiscalía española como por la comunitaria fue desvelado por elDiario.es: en abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo 1,5 millones de euros a una empresa propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de la familia, para comprar mascarillas. La empresa en cuestión, Priviet Sportive, no tenía experiencia en el sector y la lucha interna de poder en el PP reveló que el hermano de la presidenta regional había intervenido en la operación y cobrado una comisión de la empresa por su papel en todo el proceso.
La Comunidad de Madrid terminó reconociendo que Tomás Díaz Ayuso cobró, en total, 283.000 euros de esta empresa pero que solo 67.000 eran imputables a esta operación. En junio del año pasado la Fiscalía Anticorrupción española decidió archivar el caso al entender, entre otras cosas, que no había quedado probado que Isabel Díaz Ayuso tuviera intervención en el proceso para beneficiar a su hermano. “No ha intervenido en el procedimiento” de contratación de la empresa que pagó una comisión a su propio hermano. Entiende que ni siquiera tenía obligación de abstenerse. “No consta intervención directa ni indirecta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco -ya se ha dicho- de la mediación en su nombre de D. Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna”, explicó en el decreto de archivo el departamento que dirige Alejandro Luzón.
El caso quedó entonces en manos de la Fiscalía Europea que, según informa en este comunicado, decidió decretar el archivo de la causa el pasado seis de marzo. Una “exhaustiva” investigación, dice, en la que los fiscales han llegado a comprobar “la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas” hasta concluir que no hay indicios de delito: no existió un sobreprecio para hacer frente a comisiones, razona.
“No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid”, añade el organismo.