La Fiscalía Europea carga contra Dolores Delgado y seguirá investigando el contrato del hermano de Ayuso

La Fiscalía Europea ha emitido un comunicado en el que carga con dureza contra la decisión del Ministerio Público español de dejar en Madrid la investigación sobre el contrato de mascarillas por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión. El texto hecho público este miércoles reprocha a Dolores Delgado que haya tomado la decisión siendo “parcial” al estar al frente de la Fiscalía, sin escuchar a las partes y llega, incluso, a acusar al organismo español de desafiar la supremacía de la normativa de la Unión Europea por encima de la nacional.

La Fiscalía Europea explica en este comunicado que no comparte la decisión de la Fiscalía española y que “seguirá con su investigación” sobre el contrato por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión.

La Fiscalía Europea, que tiene como representante española a la exfiscal Anticorrupción Concepción Sabadell, reclamó para sí la investigación sobre el contrato desvelado por elDiario.es. Adjudicado en lo peor de la primera ola a una empresa de un amigo de la infancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid para conseguir mascarillas, los investigadores quieren saber si hubo alguna irregularidad en la adjudicación y en el hecho de que el hermano de Díaz Ayuso cobrase, además, una comisión.

Anticorrupción se negó a entregar el caso y hace unos días la junta de fiscales de sala respaldó la decisión. El decreto, firmado por Dolores Delgado, defendía que no había delitos de malversación encima de la mesa y que los fondos europeos no se había visto afectados, por lo que no había razón para que la investigación fuese llevada exclusivamente por la Fiscalía Europea. Abrió la puerta a que Anticorrupción siguiera adelante con las pesquisas y que la Fiscalía Europea hiciera lo mismo con las suyas.

Una decisión que no ha gustado en el organismo comunitario, que incluso había propuesto dejar el caso en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo para que tomara una decisión final. En este comunicado, el organismo expresa su “preocupación”, apunta a que la fiscal general del Estado es “parcial” en el procedimiento al ser la líder de la Fiscalía y que, además, la decisión ha sido tomada “sin escuchar a las dos partes del conflicto de competencia durante la reunión de los fiscales de sala”.

Además, critica este organismo, la normativa española que regula este procedimiento “no promueve ningún remedio” a esta situación. La acusación más grave llega al final del comunicado: “Esto impide que la Corte Europea de Justicia haga uso de su mandato exclusivo para asegurar la correcta interpretación de la Ley de la Unión Europea, y constituye un desafío a la supremacía de la Ley de la Unión Europea”.

El comunicado hecho público por el organismo, además, explica que las dudas y las críticas proceden de la “European Chief Prosecutor”, Laura Condutra Kövesi. Fue puesta al frente de la Fiscalía Europea en 2019 después de cinco años al frente de la Dirección Anticorrupción de Rumanía y de ser la fiscal general de ese país durante otros seis años más.

Una doble investigación

El anuncio de la Fiscalía Europea de este miércoles deja un escenario inédito en nuestro país: dos Fiscalías impulsarán dos investigaciones paralelas sobre un mismo contrato. La Fiscalía Anticorrupción, en principio, ha reiterado que centrará sus pesquisas en la adjudicación del contrato y el cobro de comisiones por parte del hermano de la presidenta regional, mientras que la Fiscalía Europea está interesada en saber si la financiación de la compra de mascarillas con fondos europeos ha podido suponer un perjuicio para las arcas comunitarias.

La normativa nacional explica que una investigación de la Fiscalía Europea en nuestro país se tiene que desarrollar bajo la tutela de un juez de garantías de la Audiencia Nacional que, en este caso, será Alejandro Abascal. El papel de este juez de garantías es poner en marcha diligencias de investigación, acordar medidas cautelares, poner las investigaciones bajo secreto, archivar o enviar a juicio la causa y proteger a testigos y peritos si es necesario.

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción seguirá adelante con sus propias diligencias. Desde el principio, el fiscal jefe Alejandro Luzón ha dejado claro que por el momento no tiene intención de dirigir sus pesquisas hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid y tampoco hacia una posible malversación de caudales públicos.