El fiscal no ve delito tributario del PP en las donaciones de empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque considera al partido responsable civil por los pagos en negro de la reforma de su sede, atribuidos a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, para los que pide 5 años de cárcel.
En el escrito de acusación del caso Bárcenas, notificado hoy, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral da por acreditada la existencia de una caja B del PP que manejaban Bárcenas y Lapuerta “ajena al control del departamento de contabilidad”, por lo que les atribuye delitos fiscales, de apropiación indebida y falsedad documental.
Por estos mismos hechos, fundamentalmente el pago de las obras en la sede del PP de la calle Génova con dinero procedente de esa caja B, el fiscal pide otros 18 meses de cárcel para el exgerente de la formación Cristóbal Páez, así como multas para todos ellos que oscilan entre los 265.000 euros para Bárcenas y Lapuerta o 102.500 en el caso de Páez.
En cuanto a la responsabilidad del PP, Romeral recuerda que, en sucesivos informes, la Agencia Tributaria sostuvo que las donaciones anotadas en los papeles de Bárcenas estaba exentas de tributar en el Impuesto sobre Sociedades, y en un último informe del pasado marzo, a petición del juez Pablo Ruz, Hacienda elaboró un nuevo dictamen “simulando” si habría delito de tener que ser declaradas esas donaciones, todo ello relativo al ejercicio de 2008.
A la luz de este último informe, el fiscal entiende que, en el caso de tener que tributar esas donaciones, “la cuota presuntamente defraudada alcanzaría un importe de 25.630,03 euros”, por lo que no alcanzaría los 120.000 euros de límite para ser considerado delito y por tanto cree que no se puede acusar al PP de delito fiscal por no estar “debidamente justificado”.
Sí le mantiene como responsable civil subsidiario, que no penal, de los delitos fiscales cometidos por Bárcenas, Lapuerta y Páez por el pago en negro de las obras de reforma de la sede del PP en la calle Génova.
A cuenta de los pagos en negro de la reforma de la sede de Génova, el fiscal solicita asimismo 3 años y 10 meses de cárcel para Gonzalo Urquijo y Belén García, dueños de la empresa Unifica que reformó la sede, mientras que pide levantar la imputación contra la empleada de esta sociedad Laura Montero por prescripción.