La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a extraditar a Argentina al exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por torturas en el franquismo, ya que considera que la justicia española sería competente para enjuiciar de este asunto y que los delitos habrían prescritos.
Así, según el escrito remitido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el Ministerio Público basa su decisión en estos dos motivos fundamentales. Primero apunta que el Estado español es competente para investigar las torturas cometidas en España que afectaron a ciudadanos de este país. Por otra parte, la Fiscalía entiende que los delitos habrían prescrito porque las agresiones fueron denunciadas entre 1968 y 1975. Al presunto culpable, Billy el Niño, se le debe juzgar de acuerdo al Código Penal más favorable, el de 1973, que contemplaba la prescripción de esos delitos en un plazo máximo de 10 años.
El fiscal Pedro Martínez Torrijos defiende en su dictamen la preferencia de la jurisdicción del estado donde se cometieron los hechos para evitar una duplicidad de procesos y recuerda que la jurisdicción universal no se aplica retroactivamente.
Esta es la posición que la Fiscalía defenderá en la vista de extradición, después de que el Consejo de Ministros acordara continuar su entrega a petición de la jueza argentina María Servini, por un delito de torturas habría cometido sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1971 y 1975.
Hace solo dos semanas, el juez Pablo Ruz dictó libertad provisional para Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas, los reclamados por la justicia argentina. En su auto, Ruz afirma que las medidas cautelares han sido adoptadas precisamente para “impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control del reclamado en el presente proceso de extradición, en aras de asegurar de asegurar la efectividad del principio de cooperación judicial”. El juez recuerda que los delitos por los que Argentina reclama a los dos presuntos torturadores están castigados en ese país con penas de entre 8 y 25 años.