La Fiscalía General del Estado rechazó continuar con la investigación al presidente murciano por su presunta relación con la trama Púnica en contra del criterio de las dos fiscales que se encargan del día a día del caso. Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez eran partidarias de abrir diligencias contra Pedro Antonio Sánchez porque consideran que existen indicios para proceder contra él, según informa El Mundo.
Por el contrario, el informe remitido a la Audiencia Nacional, firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, sí considera que existen indicios que justifican la apertura de una investigación a la senadora del PP Pilar Barreiro, aunque descarta el delito de cohecho.
Las dos fiscales encargadas del caso no han firmado el informe en contra de elevar la exposición razonada de Sánchez al tribunal competente para juzgarle (el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en su caso). El motivo por el que Anticorrupción descarta proceder contra el presidente murciano es porque “no llegaron a formalizarse los contratos de publicidad” y, por tanto, “no ha habido perjuicio alguno para las arcas públicas”. Aunque ahora sí se sanciona la conspiración para cometer delitos contra la Administración como una medida para atajar la corrupción, los hechos investigados son anteriores a la reforma del código penal que introdujo este cambio, como publica este miércoles la Cadena Ser.
El juez Eloy Velasco tiene la última palabra
Después de que el juez Eloy Velasco activara los trámites para pedir su imputación, la Fiscalía informó de que se oponía a que el juez elaborase la exposición razonada para remitir al Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ahora es Eloy Velasco quien debe decidir si pide a este tribunal y al Supremo que les investiguen.
Los hechos corresponden a la etapa de Sánchez como consejero de Educación. La investigación de la rama murciana de la trama Púnica se centra en la presunta prestación de servicios de publicidad encubierta por parte de Madiva, una de las empresas investigadas. Se estudia si se amañaron contratos de formación con empresas de Alejandro de Pedro -uno de los imputados del caso Púnica- que servían para pagar con dinero público servicios particulares para “reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia”.
El juez atribuye a Sánchez los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada y a Pilar Barreiro los de fraude, cohecho, revelación de información reservada, malversación de caudales públicos y prevaricación.