La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado hoy una denuncia en este tribunal para investigar por sedición los disturbios ocurridos en Cataluña durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum del 1-0, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Según el artículo 544 del Código Penal, “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
En estas conductas encajarían los disturbios que protagonizan desde el miércoles miles de independentistas para sabotear la operación policial ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra la organización del referéndum del 1-O.
Las penas por el delito de sedición oscilan entre los 8 y 10 años de cárcel para los que hubieran inducido, sostenido o dirigido la sedición y de 10 a 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.
Ante la gravedad de los hechos la Fiscalía ha presentado hoy mismo una denuncia por sedición firmada por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, según las citadas fuentes.
A raíz de la puesta en marcha el miércoles de la llamada operación Anubis, en la que fueron detenidas 14 personas relacionadas con los preparativos del referéndum, entre ellas los dos directos colaboradores del responsable de Economía del gobierno catalán, Oriol Junqueras, miles de independentistas salieron a la calle para entorpecer la labor policial.
La comitiva judicial y los miembros de la Guardia Civil, que habían entrado hacia las ocho de la mañana en la Consejería de Economía, abandonaron el edificio pasadas las 7 horas del día siguiente.
El juez que investiga el 1-O y que había ordenado el registro tuvo incluso que llamar al Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para ordenarle que sus agentes abrieran un corredor de seguridad para permitir la salida de la comitiva judicial y de la Guardia Civil.
Tras algunas cargas y empujones, la policía autonómica logró crear un cordón de seguridad en un pequeño tramo de la acera que hay ante la sede de las dependencias de la conselleria y el lateral de la Rambla de Catalunya, donde se encontraban aparcados tres vehículos de la Guardia Civil.
Los tres coches de la Guardia Civil sufrieron numerosos desperfectos y quedaron abollados, con las ruedas pinchadas, los cristales rotos y con numerosas pegatinas y pintadas, y tuvieron que ser retirados de la calle con el uso de grúas.