La Fiscalía Provincial de Madrid pide mantener la imputación de Podemos en la causa que la formación política mantiene abierta por su financiación porque considera que “resulta más garantista”, a pesar de que hasta la fecha no existen “indicios” que acrediten la presunta financiación irregular del partido liderado por Pablo Iglesias, según la nota de prensa que ha distribuido la oficina de prensa de la Fiscalía.
“Entendemos que atribuir al partido la condición de investigado resulta más garantista para el mismo por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”, recoge el escrito dirigido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid en respuesta al recurso de apelación interpuesto por Podemos en el que solicitaba el archivo de la causa.
La Fiscalía considera que si el partido de Iglesias no mantuviese la condición de investigado, “mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento”, por lo tanto, insiste en destacar que esta imputación sirve para “garantizar el derecho” de Podemos. En su escrito, el Ministerio Público remarca que los “únicos” hechos en los que aprecia “indicios racionales” de delito son los referidos a la contratación de la mercantil Neurona. Aunque, sobre este asunto señala que los hechos investigados “son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral”, apunta el comunicado publicado, “como se refiere en el informe remitido por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas”. “Ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometido por persona jurídica, más aun, en el supuesto del delito electoral solo puede ser cometido por los administradores generales”, incide la Fiscalía.
Este escrito se ha emitido tras el recurso de apelación presentado por Podemos, en el que solicitaba la nulidad o al menos el archivo de la causa abierta tras la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente, despedido en diciembre de 2019 por un presunto acoso sexual y laboral que la Justicia no ha considerado acreditado en primera instancia. El partido acusó al juez Juan José Escalonilla de iniciar una “causa general” tras la batería de diligencias abiertas, con las que el magistrado acordó la imputación del secretario de Comunicación y director de campaña del partido, Juan Manuel del Olmo, así como a la gerente, Rocío Val, y al tesorero, Daniel de Frutos.