La fiscal Pilar Santos Echevarría ha mantenido la petición de tres años y tres meses de prisión para Cristina Cifuentes por su falso máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras la declaración de la expresidenta y las otras dos acusadas, los testigos y la ratificación de los informes periciales, la representante del Ministerio Público solo ha introducido una pequeña modificación en la petición de Cecilia Rosado, la profesora que confesó haber falsificado el acta que Cifuentes mostró en un vídeo como prueba de que había obtenido ese título, para que si el tribunal no acepta el atenuante de miedo insuperable aprecie como muy cualificada el de confesión.
La acusación particular, que ejerce la URJC, ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel para la expresidenta madrileña y para la entonces asesora Maite Feito —a la que acusaciones sitúan como quien presionó en la universidad para obtener una coartada con la que acallar el escándalo— y ha rebajado de cuatro años a uno y medio la solicitud para Rosado. El resto de las partes se han ratificado en sus informes, si bien la defensa de Rosado ha solicitado que la pena se reduzca en dos grados y quede en nueve meses. El abogado de Cifuentes, José Antonio Choclán, se ha ratificado en su petición de absolución.
Las partes defenderán sus informes finales en una próxima jornada, no prevista en el calendario final, debido a lo avanzado de la mañana. Será el próximo viernes, 5 de febrero, aunque está abierta la posibilidad de adelantarlo al jueves. La expresidenta se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo supuestamente sin aprobar todas las asignaturas, sin ir a clase y sin entregar el TFM; sino por la falsificación del acta con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo. Es decir, por lo que se le juzga no es por haber recibido el título de un máster sin hacerlo cuando ya era cargo público sino por la coartada que exhibió en varios medios y redes sociales y con la que intentó salvar su carrera política tras la exclusiva de elDiario.es que reveló que sus notas habían sido falsificadas.
La jornada de este viernes comenzó con la renuncia por parte de la defensa de Cifuentes a la prueba que aportó en el inicio del juicio y con la que pretendía acreditar que tenía agendado ir a defender su Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012, la fecha en la que se basó su coartada cuando estalló el caso porque es el día que figuraba en el acta aportada en un primer momento por la URJC para asegurar que en esa fecha se había defendido el trabajo.
La defensa de la expresidenta había aportado un pendrive con una copia de su agenda durante sus años como delegada del Gobierno en Madrid y como presidenta regional y en la que aparece agendado supuestamente que iría a defender su TFM el citado 2 de julio de 2012. El abogado pretendía que las partes únicamente accedieran al informe pericial que supuestamente acreditaba la veracidad de ese documento y no a su contenido completo. Pero el tribunal rechazó esa pretensión, lo que llevó al letrado a pedir la retirada de la prueba alegando que contenía datos personales que no quería que se hicieran públicos. Esta era, hasta el momento, la única prueba aportada por la expresidente para acreditar que había cumplido con ese trámite.
De hecho, era la primera vez desde que se desveló que Cifuentes consiguió un máster con notas falsificadas que aportaba ese documento, a pesar de que tiene en su poder la agenda desde 2018. Las profesoras que firmaron el acta que refrendaría esta versión reconocieron ante el tribunal que falsificaron ese documento y que no se produjo tal defensa. La expresidenta, por su parte, afirmó en su interrogatorio que en realidad no hizo una defensa como tal de ese trabajo, sino que expuso las “líneas generales” a una personas que no sabía siquiera si eran profesores del máster.
Testigos
En la sesión de este viernes comparecieron como testigos varios alumnos y profesores relacionados con el posgrado de la expresidenta. Entre ellas, la profesora Esther González Hernández, que desmintió a Cifuentes y aseguró que el responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, sí admitía trabajos por correo electrónico. La expresidenta declaró durante su interrogatorio que le enviaba los trabajos a través de terceros o por mensajero porque al catedrático, fallecido en 2019, no le gustaba utilizar esta vía y prefería recibirlos en papel.
El de González Hernández fue también el testimonio más contundente sobre el carácter despótico de Álvarez Conde. “Era una persona muy pesada, muy insistente, me resultaba desagradable… Al final todo terminaba en conflicto porque era muy insistente. Te llamaba por teléfono una y otra vez para conseguir las cosas por agotamiento, y entonces se ponía desagradable, pero no pasaba a más porque yo dependía de otro catedrático”, aseguró.
También compareció como testigo la subdirectora del máster, Laura Nuño, que se desvinculó de la falsificación del acta. Entre otras cosas, porque no daba clases en el máster y solo en dos ocasiones, como sustituta, estuvo en un tribunal de TFM. Sí admitió que esas defensas a las que asistió se celebraron en el despacho de Álvarez Conde y que alguno de los alumnos tuvo dispensa para no ir y evitar dicha defensa. Nuño, que dimitió al destaparse el escándalo, confirmó ante el tribunal las irregularidades en las que se desarrolló la titulación de Cifuentes. Relató, por ejemplo, que “lo más recomendable” es que los tribunales de defensa de TFM lo formen personas que no han sido profesores del curso “para evitar endogamias”.
Por otro lado, dos alumnos del máster negaron la versión sobre los trámites para defender el TFM que Cifuentes relató ante el tribunal. La expresidenta cambió durante la declaración en el juicio su versión sobre la defensa del máster, que pasó a ser una breve exposición de las “líneas generales” de ese trabajo; y confirmó que aprobó el posgrado sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin conocer a sus profesores, únicamente entregando unos trabajos que no había podido localizar como consecuencia de la vida “complicada” que había tenido en los últimos años, con cinco cambios de despacho y dos de domicilio.
Ni Coral del Mar Carvajal ni José Antonio Sanz Cerezuela, que cursaron el posgrado en el mismo curso que la acusada, relataron conocer nada parecido. Ambos reconocieron haber ido a clase de forma más o menos regular y haber hecho el TFM, si bien negaron haberlo expuesto ante un tribunal o en un acto más informal como el que describió la expresidenta a pesar de que en los registros de la URJC sí aparecen actas con estas supuestas defensas. Carvajal afirmó que Álvarez Conde le manifestó que no era necesario realizar ese trámite. “Le dije que quería presentarlo, pero me dijo que no, que era una pesada”, aseguró que le expuso el catedrático.
El tercer alumno que compareció como testigo, Ricardo Medina, admitió que obtuvo ese título sin haber siquiera cursado el posgrado. “Me matriculé, no lo cursé. Fui a las primeras clases y por problemas personales no pude continuar”, afirmó ante el tribunal, ante el que reconoció que tampoco presentó ni defendió el TFM a pesar de que en el sumario consta un acta de supuesta defensa de ese trabajo calificado con un 9,5.