La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juez Pablo Ruz en el que no se opone a que María Dolores de Cospedal acuda a declarar en el marco de la investigación de los papeles de Bárcenas. El Ministerio Público considera que la secretaria general del PP o el representante legal puede explicar “el procedimiento de recepción de las donaciones anónimas percibidas por el partido”.
“Entendemos procedente la propuesta en la medida que puede esclarecer y aportar información sobre los hechos objeto de investigación”, explica Anticorrupción en el escrito con el que responde a la petición de las acusaciones personadas en el caso y que habían solicitado la comparecencia de varios dirigentes de la organización así como la presentación de cierta documentación correspondiente a las empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas.
Por el contrario, y al igual que el instructor del caso, el fiscal Antonio Romeral no contempla que declare el expresidente José María Aznar. También rechaza que declaren Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, que ostentaron el mismo cargo que Cospedal entre 1989 y 2003, porque este periodo es anterior “al que delimita el objeto de investigación”. Igualmente, encuentra “inútil e impertinente” que se soliciten las declaraciones de la renta del presidente del Ssenado Pío García Escudero por el préstamo que le concedió el partido para hacer frente a la rehabilitación de su vivienda tras un atentado. La Fiscalía defiende que el popular ya reconoció no haber declarado ante Hacienda tal aportación y considera que la petición es “impertinente” porque no tiene relación alguna “la consignación del préstamo en sus declaraciones de renta y patrimonio con objeto del procedimiento”.
Sin embargo, Anticorrupción apoya que declare el expresidente balear, Jaume Matas, aunque el fiscal recuerda que ya le investiga un juzgado de Palma de Mallorca.
En cuanto a la presentación de las cuentas de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas, la Fiscalía no se opone a que las presente OHL o cualquiera de las empresas del Grupo Villar Mir, aunque matiza que se refieran a los años 2004-2008, por ser los años en los que el presidente del grupo figura como donante en los documentos que se atribuyen a una presunta contabilidad B del PP. Otro de los supuestos donantes a los que se requerirá la documentación es el Grupo AZVI ya que entre los años 2002 y 2008 aparecen anotaciones de donaciones efectuadas por “M. Contreras” “Guillermo Contreras” y Manolo Contreras“.
Para la Fiscalía, las empresas de Sacyr-Vallermoso tendrá que aportar “los nombres completos y datos necesarios para la identificación de los directivos o empleados que han participado en la negociación de contratos con los ministerios de Medio Ambiente o Fomento” en los años 2003 y 2004. Lo mismo sucede con FCC, a la que se pide esa documentación, en los años en los que José Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior, aparece como donante. También se interesa por la documentación relativa a la Autovía Madrid-Toledo de la que disponga el adjudicatario: el grupo Sando.
A lo largo del procedimiento, el juez Pablo Ruz se ha mostrado sensible al criterio marcado por la Fiscalía.