La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión de un juzgado de Madrid de abrir una investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a instancias de una denuncia de Manos Limpias basada en noticias de prensa. El Ministerio Público renuncia a recurrir la apertura del caso ante el propio juzgado y salta directamente al filtro de la Audiencia Provincial, solicitando la revocación del auto y el archivo del caso. La Fiscalía entiende que la denuncia de Manos Limpias no aporta ningún indicio que justifique la apertura de una causa penal.
El juzgado hizo ayer pública la admisión a trámite de la denuncia del pseudosindicato de Miguel Bernad contra Begoña Gómez, abriendo unas diligencias que declaró secretas y llamando a declarar en las próximas semanas a los periodistas que firmaron las informaciones que cimentan el pleito. Informaciones sobre la actividad profesional de Gómez en el Africa Center de la International University cuya veracidad, ha reconocido la propia organización denunciante, no ha sido verificada.
La Fiscalía, después de recibir el auto de apertura de diligencias del magistrado, ha optado por recurrir la apertura de diligencias y, en la práctica, solicitar el archivo del caso. No ha optado por recurrir el auto ante el propio juzgado sino que ha acudido directamente al organismo superior, la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de supervisar y resolver los recursos del proceso judicial.
La existencia de este proceso judicial se ha trasladado al terreno político con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse un plazo de cinco días para decidir si sigue en el cargo o si renuncia tras lo que define como una “campaña de acoso” de la derecha y la ultraderecha contra él y su familia. La reacción del PP, después de meses esgrimiendo las mismas informaciones que ha denunciado Manos Limpias para cargar contra Gómez, ha sido acusar a Sánchez de victimizarse y, en palabras de su líder Alberto Núñez Feijóo, querer gobernar por “compasión”.
Las acusaciones de Manos Limpias giran en torno a las cartas que firmó Gómez, en representación de la universidad privada para la que trabaja, recomendando una UTE en un proceso de adjudicación pública que finalmente consiguió. Unas misivas idénticas a las que presentó en ese mismo proceso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida, que en el caso de Gómez el pseudosindicato califica de “carta mágica” en su denuncia.
La denuncia también recoge, sin ningún tipo de matiz, una noticia falsa publicada hace unos días por el digital The Objective. Una noticia en la que se afirmaba en el titular que el ejecutivo ocultaba los datos de una subvención concedida a Begoña Gómez, ilustrada con una foto de la esposa del presidente del Gobierno. La subvención, en realidad, había sido concedida a una empresaria cántabra del sector de la hostelería que se llama igual. Medios como Telemadrid recularon y reconocieron que habían difundido el bulo sin comprobar su contenido.
Son “solo” recortes de prensa
En las últimas horas, la propia organización Manos Limpias ha reconocido en un comunicado que su denuncia se basa exclusivamente en noticias publicadas en medios de comunicación y que no aporta ningún tipo de prueba añadida. “Será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no”, ha dicho Miguel Bernad en un comunicado remitido esta mañana a los medios de comunicación.
Manos Limpias, autodenominado sindicato, lleva más de una década impulsando acciones penales contra líderes políticos, así como jueces y fiscales, con pocas de sus denuncias y querellas pasando el primer filtro de la admisión judicial a trámite. Fueron los artífices de la denuncia que, por ejemplo, llevó al banquillo al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, causa que terminó en absolución. También impulsaron la acusación popular contra la Infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, con los tribunales rechazando su teoría y condenando a la hermana del rey como responsable a título lucrativo como pedía la Fiscalía.
En 2016, el propio Miguel Bernad pasó ocho meses en prisión provisional acusado de formar parte de un tándem extorsionador de la mano de Ausbanc, cargos de los que finalmente fue absuelto. El Tribunal Supremo determinó que no podían ser condenados por extorsión.