La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa que acaba de abrir la Audiencia Nacional contra los cuatro detenidos en agosto por planear un sabotaje a La Vuelta ciclista a su paso por la comarca de Solsona, en Catalunya. El Ministerio Público alega en su escrito que un juzgado local tiene abierto un procedimiento y, por tanto, no procede una segunda causa por los mismos hechos en la Audiencia Nacional, tribunal competente en casos de terrorismo, han informado a elDiario.es fuentes fiscales.
En su informe a favor del archivo de la causa en la Audiencia Nacional, la Fiscalía no entra a valorar si hay o no indicios de terrorismo, al resultar una consideración que correspondería a un momento procesal posterior, explican las fuentes del Ministerio Público. Su escrito se limita a rechazar que investigue la Audiencia Nacional con el argumento de que ya hay una causa abierta en un juzgado de Solsona.
Con todo, la Fiscalía se opondría a la competencia de la Audiencia Nacional si fuera en el futuro consultada por la competencia, en caso de que el juzgado de Solsona se inhibiera en favor del tribunal especializado. El Ministerio Público no aprecia indicios de terrorismo en el plan para interrumpir el recorrido de la vuelta, añaden las mismas fuentes.
La Policía sorprendió a los cuatro detenidos junto a la carretera manipulando unos tubos con los que pretendían presuntamente verter 400 litros de aceite sobre la carretera C-55, a la altura del municipio de Clariana de Cardener (Lleida), e interrumpir así el recorrido de la competición.
La Comisaría General de Información entregó los detenidos al juzgado de Solsona, así como un atestado sobre sus pesquisas. Al tiempo envió una comunicación a la Audiencia Nacional dando cuenta de la operación por la investigación que se sigue en el tribunal especializado contra los Comités en Defensa de la República (CDR).
El juzgado de Gadea instruye desde 2019 una causa contra los CDR en la que ya han sido procesados 13 de sus supuestos miembros por delitos de terrorismo. En el informe de la Comisaría General de Información sobre el plan abortado en Solsona no se mencionan indicios de “terrorismo”, precisan fuentes policiales.
Para cuando el juez de la Audiencia Nacional abrió sus diligencias, un juzgado de Solsona acusaba ya a los detenidos de los delitos de desórdenes públicos, contra la seguridad vial, el medio ambiente y pertenencia a organización criminal. Los detenidos fueron puestos en libertad provisional y se les impuso una orden de alejamiento de 500 metros del recorrido de La Vuelta a España.
En el auto de apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, el juez Gadea defendía que los Comités para la Defensa de la República (CDR) constituyen “una organización estructurada de carácter transversal, que pretende aglutinar al conjunto del independentismo, y a la vez jerarquizada”, según publicó El Mundo.
El magistrado advertía de que la Fiscalía acusó en el pasado a presuntos miembros de los CDR de pertenencia a organización terrorista y que la investigación fue asumida por la Audiencia Nacional, en referencia a la causa que arrancó en 2019 en su juzgado.
La polémica por la investigación a los CDR
Esa instrucción a la que aludía Gadea generó una gran controversia. Unos sectores del independentismo hablaron de “montaje” y otros consideraban que, cuanto menos, la Audiencia Nacional y la Guardia Civil habían sobreactuado. La misma causa judicial albergó resoluciones de la Sala que corregían al juez titular, Manuel García Castellón. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acusó por terrorismo, fijará su posición al término de la instrucción en el escrito de acusación que presentará en los próximos meses.
Respecto al plan de sabotaje en Solsona, las fuentes del Ministerio Público consultadas señalan que en los últimos años ha habido distintas resoluciones de jueces y tribunales que han identificado actuaciones de los independentistas como terrorismo en unos casos y que lo han descartado en otros, y que la Fiscalía va adaptando su criterio a esas decisiones. Añaden que cualquier cambio en su valoración respondería a esas resoluciones y que se produciría por criterios estrictamente jurídicos.
Cuando la Fiscalía solicitó el procesamiento por terrorismo de algunos CDR hace dos años consideró que actuaban dentro de “una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada”. La Guardia Civil les incautó sustancias explosivas y planes para atentar, que algunos reconocieron en sus declaraciones, si bien expresaron que no tenían intención de causar daños personales.
El juez habla de “boicot independentista”
Respecto al plan de sabotaje de La Vuelta, el juez Gadea aseguraba que el plan abortado por la Policía “se contextualiza en el marco de una campaña de boicot contra La Vuelta prolíficamente publicitada en las redes sociales por los grupos radicales de ideología independentista, aprovechando el escaparate internacional” de la competición deportiva.
El juzgado de guardia de Solsona (Lleida) acordó el pasado 28 de agosto la libertad provisional para los cuatro detenidos por presuntas amenazas contra la Vuelta Ciclista a España, que ha empezado por Barcelona y pasa por Catalunya estos días. La resolución incluía una orden de alejamiento mínima de 500 metros para las diferentes etapas de la competición.
Después de abrir las diligencias, el juez Gadea ordenó dos nuevos informes, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, ampliatorios sobre la actividad de los CDR. Los servicios de Información elaboran dichos informes en este momento.