La Fiscalía pide investigar a una de las acusaciones populares del caso de Begoña Gómez por revelar datos secretos
![El abogado Aitor Guisasola graba un mensaje con el móvil junto a los letrados de Manos Limpias y Hazte Oír fuera de Moncloa.](https://static.eldiario.es/clip/eeae7d63-804b-42d8-bb91-4568d06230b0_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
La Fiscalía de Madrid considera que uno de los abogados que ejerce la acusación popular en la causa abierta contra Begoña Gómez, Aitor Guisasola, debe ser investigado por revelar secretos de las diligencias contra la esposa del presidente del Gobierno. En un escrito, el Ministerio Público se opone a que el juez Juan Carlos Peinado sea investigado por las notas de prensa en las que informaba sobre el caso cuando estaba bajo secreto, pero sí entiende que un juzgado ordinario debería investigar a Guisasola por dar detalles de la causa en su canal de YouTube, donde se hace llamar “Un abogado contra la demagogia” y habla en nombre del “Movimiento de Regeneración Política de España”.
El escrito de la Fiscalía llega después de que el comunicador Máximo Pradera interpusiera una querella contra el juez y contra el jefe de prensa del Tribunal Superior de Madrid, acusando a ambos de difundir datos secretos de la causa en las diversas notas de prensa con las que el juzgado 41 de Madrid informó a la opinión pública del desarrollo de la causa, por ejemplo comunicando la apertura de diligencias a raíz de la denuncia de Manos Limpias.
El caso ha terminado en manos del Tribunal Superior de Madrid, donde está aforado el juez Peinado, también pendiente de las querellas interpuestas contra él por Begoña Gómez y la Abogacía del Estado. La Fiscalía, en su informe, entiende que ni el magistrado ni el trabajador del TSJ deben ser imputados o acusados de revelación de secretos: se les acusa “sin prueba alguna”, dice la Fiscalía, y las notas de prensa “no revelan el contenido de las actuaciones”.
Sí entiende que un juzgado ordinario de la Plaza de Castilla debería investigar a una de las acusaciones populares del caso: Aitor Guisasola. La querella de Pradera asegura que fue este abogado, personado en la causa, quien difundió un auto de la causa a través de su cuenta de X –antes Twitter– en el que el juez levantaba el secreto de sumario.
Para la Fiscalía madrileña, según explica en un comunicado, esta acción de Guisasola sí contiene “indicios bastantes” para abrir una causa contra él por revelación de secretos. “Se aportan indicios claros de la comisión del delito”, aunque el TSJ no sería el competente.
Guisasola ejerce, en nombre del “Movimiento Regeneración Política de España”, la acusación popular en el caso junto con Manos Limpias, Vox, HazteOír y también Iustitia Europa. Causa de la que informa a sus seguidores en su canal de YouTube, donde a día de hoy atesora más de 460.000 suscriptores.
Dos querellas contra Peinado
En las últimas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha recibido dos querellas presentadas por prevaricación, entre otros delitos, contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación penal contra Begoña Gómez. Una fue presentada y recientemente ampliada por la Abogacía del Estado en nombre del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la otra por la defensa de la propia Gómez.
Ambas querellas, pendientes de informe por parte de la Fiscalía y de una decisión por parte del Tribunal Superior competente, acusan a Peinado de haber puesto en marcha una investigación prospectiva contra la esposa del presidente del Gobierno. Unas diligencias en las que, afirman, Gómez no sabe la razón por la cual está imputada y desoyendo las indicaciones de la Audiencia Provincial, además de incurriendo en irregularidades en la citación como testigo del Presidente del Gobierno en su despacho.
Mientras tanto, el instructor ha intensificado la causa en torno a Gómez después de llamar a testificar a Pedro Sánchez e imputar al rector de la Universidad Complutense. A finales del pasado mes de agosto tomó declaración a varios testigos y puso en marcha, entre otras diligencias, registros contra el empresario Carlos Barrabés, uno de los tres imputados en el caso.
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