La Fiscalía pide que se investigue a Podemos por el contrato con una consultora y tacha el resto de acusaciones de su exabogado de “rumores”

La Fiscalía ha pedido al juzgado de instrucción número 42 de Madrid que investigue a Podemos solo por el contrato con la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril. Sobre las otras cuestiones que incluyó el exabogado del partido, José Manuel Calvente, en su denuncia asegura que algunas de ellas son “rumores, sospechas o suspicacias” mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos.

De hecho, en su escrito, según la nota que la distribuido la oficina de prensa de la Fiscalía, esta llega a criticar las diligencias acordadas por el juez Juan José Escalonilla por haberlo hecho sobre la base de rumores, sospechas y la “clara” animadversión del denunciante, lo que considera que “es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”.

La investigación se abrió a raíz de la denuncia que Calvente presentó el pasado mes de diciembre ante la Guardia Civil.  Calvente sostiene en su denuncia inicial que pudo haber “contrataciones ilícitas” para simular gastos y llevarse así “comisiones”. Los agentes elaboraron un atestado en el que apreciaron administración desleal y malversación y el juez de Madrid Juan José Escalonilla ordenó una serie de diligencias entre las que están la imputación de Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y responsable de las dos últimas campañas electorales de Podemos, la gerente, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos.

El juez también tomó declaración al propio Calvente, que por redes sociales había dicho que el caso era “peor que Gürtel” pero que en su declaración rebajó sus acusaciones contra el partido y dijo que no tenía pruebas de esas “autocontrataciones” de las que hablaba en su denuncia.

Son cuatro los hechos delictivos que Calvente relató en su denuncia y ante el juez: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular, el acceso “inconsentido” al contenido del disco duro de una de las trabajadoras de la formación (la abogada Marta Flor Núñez), la licitación irregular de obras, fundamentalmente la adjudicación “a dedo” de las obras de acondicionamiento de la sede, y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.

La Fiscalía solo aprecia la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo” en ese contrato con Neurona Consulting que ya pidió investigar el Tribunal de Cuentas. Como primera conclusión rechaza el carácter “prospectivo” del hecho investigado porque “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada ”ad hoc“ para la prestación del servicio”.

Del mismo modo explica que de la información bancaria remitida resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive)  por un importe total de 308.257,20 euros “cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores”. Igualmente reseña que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón..) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial .

La Fiscalía pide indagar en esta vía pero rechaza el resto de lo relatado por Calvente como por ejemplo los cambios organizativos que citó y que el enmarcó en la preparación para los hechos delictivos. El ministerio público dice que que aunque pueden ser poco éticos “es claro que no revisten caracteres de delito”. También rechaza el supuesto cobro de sobresueldos al que aludió el exabogado porque no hay ningún indicio de ello: “No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde”.

Rechaza también que haya delito en el supuesto acceso a los datos de la abogada Marta Flor señala que no hay denuncia de la afectada y sobre la adjudicación a dedo de las obras de la sede del partido dice que no hay “ningún elemento” que indique que se ha cometido un delito ni indicios que sostengan la acusación de que se amañó la licitación.

Por último, sobre los contratos con la consultora ABD, la Fiscalía señala que no existen indicios que así lo acrediten porque, en realidad, se trata de “rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante”. Para la Fiscalía, el hecho de acordar toda esta batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y a la “clara” animadversión del denunciante, “es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”.