El juez de guardia rechaza retirar el cartel xenófobo de Vox contra los menores no acompañados como pedía la Fiscalía
El Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, en función de guardia de diligencias, ha denegado la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Provincial para la retirada del cartel electoral de Vox contra los menores no acompañados al considerar que no se da “ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Fiscalía pidió este mismo jueves la retirada del cartel “en el plazo más breve posible” en la denuncia presentada ante el juzgado de Instrucción número 53 de Madrid contra la formación de extrema derecha por la colocación de un cartel electoral que, en su opinión, podría ser constitutivo de un delito de odio. En la propaganda xenófoba —desplegada en la estación de Cercanías de Sol, uno de los nudos principales de transporte– se compara el dinero dedicado a una pensión de jubilación con el coste mensual que se dedica a los menores extranjeros no acompañados con cifras engañosas.
Según la Fiscalía, en el cartel “se traslada no solo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un MENA [Menor Extranjero No Acompañado] enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, sino también una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, al ser este el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado”.
Los carteles incluyen mensajes como 'Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes', junto al logo de Vox y su lema de campaña 'Protege Madrid'. En el mismo cartel se ve la imagen de dos personas, una mujer de avanzada edad y, en otro, un hombre encapuchado y enmascarado con tez oscura, que Vox identifica con los menores que llegan solos a España huyendo de sus países de origen. La solicitud de retirada del cartel no solo afectaba al que se exhibe en la estación de la Puerta del Sol, sino también “a todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado”.
Según la denuncia, la retirada del cartel planteada por la Fiscalía obedece a que “estos menores no nacionales, son menores que carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional”, lo que los convierte en un colectivo “doblemente vulnerable”, tanto por la edad como por el desarraigo estructural con causa en su origen extranjero. A juicio de la Fiscalía, esta realidad “no solo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos” por la legislación penal “frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos”.
Además, la Fiscalía entiende que con la retirada del cartel la dignidad y la seguridad de un colectivo tan vulnerable como son los menores no nacionales habría quedado protegida sin vulnerar el derecho Vox de realizar propaganda electoral, pues que el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada se solicita, puede volver a ser ocupado con propaganda de la formación.
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