La Fiscalía ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo la inadmisión de las querellas presentadas por Vox, la Asociación de Abogados Cristianos, HazteOir.org, y distintas organizaciones sociales contra el Gobierno por la gestión de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. En un informe de más de 300 páginas, el teniente fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, analiza una a una la veintena de querellas presentadas en las que se atribuyen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.
Navajas, que es número dos de la Fiscalía General del Estado (FGE), califica de “idónea o, al menos, razonable” la gestión del Ejecutivo durante la pandemia y concluye que no es posible atribuir a sus miembros los miles de delitos de homicidio o de lesiones que les imputan algunos de los querellantes —Vox entre ellos— porque “no se advierte, ni tan siquiera con arreglo a un criterio ex post facto [después de hecho] que pudieran haber infringido deber u obligación alguna”, pero tampoco ninguna actuación que hubiera “evitado o disminuido de un modo relevante los resultados lesivos finalmente acaecidos”. De hecho, sostiene que es “imposible” afirmar que los miembros del Ejecutivo “pudieran haber desarrollado actuación alguna que pudiera evitar los desgraciados efectos producidos por la pandemia”
En este sentido, señala que no hay “razones” que permitan “conectar” las actuaciones u omisiones del Gobierno con los contagios por COVID-19, pues la pandemia es un “evento natural” de carácter “extraordinario” y cuyas consecuencias resultaban inicialmente ignoradas fruto del estado de la ciencia, al igual que lo eran las medidas que pudieran resultar más idóneas para combatir la enfermedad que genera y que ha causado ya miles de muertes. “De ahí que ningún sentido tenga atribuir a la acción desarrollada por los querellados el desenlace finalmente acaecido”, subraya. En su informe, el fiscal destaca también la “ingente actividad” desarrollada por el Gobierno de España con la aprobación de las “cientos” de normas que ha publicado el BOE en los últimos meses.
Tampoco cree el fiscal que Sánchez o sus ministros prevaricaran en relación a la celebración de las marchas feministas del 8 de marzo. Así, explica que quienes tienen competencias para prohibir manifestaciones son los delegados del Gobierno, que además solo pueden hacerlo por razones de orden público. De hecho, recuerda que son las comunidades autónomas las responsables de tomar medidas en materia protección de la salud pública y que el Gobierno solo asumió esta competencia tras la declaración del estado de alarma a partir del 14 de marzo.
Una querella “genérica”
En relación a la querella de Vox, el fiscal la tacha de “genérica” y señala que “resulta palmario” que “los hechos en ella relatados no resultan constitutivos de ilícito penal, y además no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones del denunciante”. El partido de extrema derecha atribuía sendos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, imprudencia grave con resultado de lesiones y contra los derechos de los trabajadores a Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, y los ministros Salvador Illa (Sanidad), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande- Marlaska (Interior) y José Luis Ábalos Meco (Transportes).
El fiscal cuestiona que el partido de extrema derecha se limitara a atribuir al presidente del Ejecutivo y el resto de querellas “miles de muertes y de resultados lesivos” sin identificar en momento alguno a las víctimas, las condiciones en que se produjo su contagio, las razones por las que cada uno de aquellos contagios trae causa de la supuesta inacción del Gobierno, los deberes jurídicos infringidos por los querellados en relación a cada uno de los resultados acaecidos, así como las razones por las que la adopción de otras medidas hubiera permitido con una evitar o disminuir los efectos de la COVID-19 en cada caso concreto.
Además de Vox y las organizaciones ultras, otras agrupaciones que habían presentado denuncias contra el Ejecutivo por su gestión de la crisis sanitaria son la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Asociación de Médicos Titulados Superiores, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), la Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y la Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3268 personas.