La Fiscalía pide al Supremo que confirme las condenas de los ERE: “Todo este sistema era prevaricador”

“Todos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo, eran conscientes de lo que estaba sucediendo”. El fiscal Fernando Prieto ha pedido con estas palabras al Tribunal Supremo que confirme las condenas de todos los implicados en el caso de los ERE de Andalucía. A lo largo de varias horas de intervención los dos fiscales del caso han combatido ante la sala de lo penal los argumentos que las defensas expusieron ayer para pedir la absolución. “Todo este sistema era prevaricador”, ha dicho el otro fiscal, Rafael Escobar. “Todos ellos posibilitaron la salida de los fondos públicos”.

Para la Fiscalía, todos los responsables políticos de la Junta de Andalucía y de las distintas consejerías implicadas, sobre todo la de Empleo, sabían del descontrol de las ayudas y no hicieron nada. “Nadie hizo ningún caso de los informes y todos eluden sus responsabilidades”, ha dicho el fiscal antes de lanzar un reproche: “¿Alguien cree que esto es posible en una recta administración? ¿Qué mensaje transmitimos al ciudadano?”, ha dicho.

El primer fiscal, que ha sido reprendido por los jueces por extenderse durante una hora y media, ha acusado a los condenados de no asumir su culpa. “Todo son excusas, intentando eludir su propia responsabilidad y derivándola a cualquier otro”, ha dicho. “Necesariamente tenían que saber y eran conscientes de que se estaba presupuestando mal. Y claro que son responsables de los gastos”, ha zanjado antes del primer receso de la mañana y de que comparezca el segundo fiscal, Rafael Escobar.

“No son irregularidades, son patentes ilegalidades y esto es un quebranto claro de las arcas públicas”, ha dicho el fiscal Prieto ante los abogados de los 19 condenados. Para la acusación pública, el sistema de ayudas que canalizó 679 millones de euros en ayudas a empresas entre 2000 y 2009 con dinero público de la Junta de Andalucía fue ilegal de principio a fin: “Ni uno solo de los 270 expedientes cumplieron ni uno solo de los requisitos, no existió ni siquiera procedimiento”, ha dicho. “Con este sistema era imposible fiscalizar ningún expediente”.

Este sistema de ayudas, ha destacado la Fiscalía, era opaco y no permitía que otras posibles empresas que necesitaran el dinero pudieran acceder a él. Los expedientes, ha dicho Prieto, estaban “en el limbo” y era “inviable” que otros peticionarios “pudieran acceder a las ayudas”, ha dicho.

“Una conjetura colosal”

Las alegaciones del fiscal Fernando Prieto llegan después de que ayer los abogados de todos los acusados solicitaran la absolución a la misma sala de lo penal. “Estamos ante una conjetura colosal y continuada”, dijo por ejemplo la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que acusó a la Audiencia de Sevilla de condenar a 19 personas en base a “especulaciones mal hiladas y repetidas” en un texto de más de 1.800 páginas “muy deficiente desde el punto de vista técnico”.

Los abogados de los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, discutieron sus respectivas condenas de nueve años de inhabilitación y seis años de cárcel. El abogado del primero, por ejemplo, centró su discurso en defender que todos los acuerdos firmados por Chaves no pueden ser considerados una resolución a efectos de un posible delito de prevaricación. El letrado de Griñán, por su parte, defendió que el sistema supuestamente fraudulento para conceder ayudas ya existía cuando él entró en la Junta de Andalucía.