El senador andaluz del PP José Luis Sanz firmó, desde su puesto de alcalde de Tomares (Sevilla), una serie de contratos entre 2009 y 2013 a una trama empresarial por más de 800.000 euros. Lo hizo, según la Fiscalía, “con el conocimiento de actuar contra Derecho” y con ayuda de otros funcionarios municipales que fraccionaron contratos y simularon concursos públicos.
Según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso eldiario.es, Sanz -un importante dirigentes del PP en Andalucía que llegó a pujar por la secretaría general en los meses previos al congreso que hizo líder a Juan Manuel Moreno- permitió junto a sus concejales que un “complicado entramado empresarial” obtuviese beneficios económicos a costa de las arcas municipales de manera ilegal, lo que para el fiscal supone un delito de prevaricación continuada.
Esas son las conclusiones de un informe de 42 páginas, que ha elaborado el fiscal del 'caso Tomares', José María Cañal. El Ministerio Público se refiere a Sanz a lo largo de todo el escrito como uno más de los investigados en la trama de amaños. La única salvedad que señala el fiscal respecto al resto de imputados tiene que ver con su condición de aforado que mantiene como miembro del Senado. De seguir adelante la investigación, debería asumirla el Supremo.
Senador por Sevilla, Sanz tiene un enorme peso político en el PP Andaluz. Peleó contra Juan Manuel Moreno Bonilla por liderar el partido, pero acabó claudicando a pesar de haber conseguido los avales para dar la batalla. En aquella fallida aventura contó con dos grandes apoyos: María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y secretaria general del PP, y Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior y entonces alcalde de Sevilla. Su respaldo no pudo convencer a Mariano Rajoy, que acabó decantándose por Moreno Bonilla para liderar el partido en Andalucía.
Sin competencia y fraccionando contratos
Sanz se enfrenta ahora a una investigación por su gestión como alcalde que puede llevarle a ser imputado por el Supremo. El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla indaga desde hace meses sobre los contratos que el consistorio firmó con el grupo de empresas Guerra XXI SL, administrado por Américo Manuel García Pichardo y José Candón Vázquez. En ese grupo empresarial trabaja también María del Carmen Guerra Nieto, a quien el fiscal señala como una pieza fundamental en la trama por su cercanía al interventor del Ayuntamiento de Tomares, junto a quien trabajó durante unos años.
El informe de la Fiscalía asegura que estos tres imputados crearon un “complicado entramado empresarial” para resultar beneficiarios de los servicios externalizados del Ayuntamiento. En los concursos municipales que ganaron “se prescindió de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad e igualdad”, exigidos por la ley debido al importe de los contratos. El resultado fue que diversas compañías ganaron las licitaciones, pero los beneficios siempre iban a las mismas personas, que se encontraban tras la red de empresas.
En total son seis los contratos considerados irregulares por el fiscal, uno firmado por Antonia Hierro, la anterior alcaldesa, y el resto avalados por el propio Sanz. La mayoría se aprobó sin tramitar expedientes de contratación, a pesar de que así lo exige la ley, y sin competencia en el concurso, lo que “impide a la administración obtener una rebaja del precio de los servicios”. En algunas ocasiones, el objeto del contrato no coincidía siquiera con la actividad que desarrollaba la empresa adjudicataria.
A través de uno de esos contratos, el Ayuntamiento externalizó el servicio de la radio municipal a Guerra XXI, que contrató para ese fin a cuatro redactores. El contrato inicial se prorrogó en varias ocasiones a pesar de que la ley no lo permite. Además, el contrato inicial era de 41.829 euros, pero el grupo empresarial acabó facturando al Ayuntamiento 52.451 euros porque cargó también cursos de formación y el gasto en reconocimientos médicos de los trabajadores de manera irregular.
En otro de los contratos investigados, el grupo empresarial se embolsó más de 100.000 euros por tareas de reparto de material publicitario, aunque en esta ocasión “ni siquiera se firmó contrato alguno”, subraya el Fiscal, que ha tenido conocimiento del gasto tras encontrar 143 facturas “relativas a estas labores”.
Ese es otro de los objetivos que llevan al ministerio público a señalar las preguntas ilegalidades: los contratos siempre se fraccionan en facturas por menor importe, algo contrario a la ley. Por ejemplo, el que se firmó con ENUNPISPAS, otra de las sociedades del grupo, que se embolsó 200.000 euros repartidos en 23 facturas. En esa adjudicación la empresa relevaba en la concesión de la radio municipal a otra compañía del mismo entramado, en una nueva irregularidad que recogió en su informe el perito designado por el juzgado.
Colaboración del Ayuntamiento en los amaños
Tras analizar todos los contratos, el fiscal concluye que la red de empresas contó con “la colaboración de personas pertenecientes al Ayuntamiento de Tomares”, a sabiendas “todos ellos” de que “se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. El fiscal cree que, al menos, los hechos suponen un delito de prevaricación de manera continuada al haberse producido “en una serie de contratos a lo largo de varios años”.
Al final del escrito, el fiscal recuerda que existe “una persona aforada al ostentar acta de senador -en referencia a Sanz-, sobre el que ”pesan los indicios que se han descrito“, y deja en manos de la jueza la decisión de elevar la causa al Tribunal Supremo.
La jueza del caso aún está pendiente de la últimas diligencias del caso para resolver, y enviar o no una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute a Sanz. Según fuentes jurídicas, tomará la decisión en las próximas semanas, porque el caso está ya muy avanzado. Además, tendría que decidir si envía solo la parte de la causa que afecta al Senador, o pide al Supremo que asuma toda la investigación.
En el caso están imputados varios concejales del Ayuntamiento de Tomares, como Eloy Carmona (Presidencia) , José María Soriano (Juventud y Deportes) y Miguel García de la Rosa (Hacienda).
No es la primera vez que el nombre de Sanz aparece vinculado a una investigación sobre corrupción sobre su gestión en el consistorio sevillano. El Supremo archivó en 2015 una causa contra Sanz vinculada al mismo ayuntamiento, al no apreciar delito en la contratación a dedo de un asesor municipal.
Hemos intentado ponernos en contacto con Sanz para recabar su versión acerca del informe de la fiscalía, pero el senador no ha devuelto las llamadas de eldiario.es.