La Fiscalía apoya investigar la denuncia del Sindicato de Médicos contra el Gobierno por falta de equipos de protección

La Fiscalía del Tribunal Supremo no encuentra argumentos suficientes en la demanda presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que sustenten la acusación de “inactividad de la Administración” a la hora de dotar de EPI frente a la Covid-19 en los hospitales. No obstante, el Ministerio Público no pide el archivo total del caso y se muestra favorable a la continuación del procedimiento para obtener una resolución de fondo, informa Ep. 

En su escrito, que se extiende a lo largo de 35 páginas, el fiscal del Sala del Tribunal Supremo Pedro Crespo señala que no ve acreditado que la situación en los centros médicos durante las primeras semanas de pandemia por coronavirus se debiera “de manera objetiva, primordial y determinante, en acreditada relación de causa-efecto, a un concreto e identificable incumplimiento por la Administración de su obligación de adoptar medidas dirigidas a garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales”.

Entiende, sin embargo, que la eficaz tutela de los derechos fundamentales invocados en la demanda, entre ellos el derecho a la integridad física del personal sanitario (artículo 15 de la Constitución), “exige completar la valoración de los hechos enjuiciados mediante el conocimiento pleno de la información que, antes de la terminación del proceso, pueda aportarse a la Sala.”

Entre las pruebas a practicar, la Fiscalía solicita el examen de la documentación que aporte la Administración requerida en virtud de lo dispuesto por el propio tribunal el pasado 20 de abril, cuando aceptó parcialmente las medidas cautelares solicitadas por los médicos y requirió al Ministerio de Sanidad la adopción “de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios”.

El Supremo exigió en esa misma resolución ser informado quincenalmente de las medidas adoptadas para el efectivo cumplimiento de esta orden, una documentación que la Fiscalía pide que sea analizada antes de efectuar sus conclusiones sobre este asunto.