La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado abrir diligencias de investigación al líder de Vox, Santiago Abascal, después de que éste dijera en una entrevista en el periódico argentino Clarín que “habrá un momento” en el que el pueblo querrá “colgar de los pies” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha adelantado El País y confirmado elDiario.es, el Ministerio Público da curso así a la denuncia presentada por el PSOE, que también hacía un vínculo entre esas declaraciones y los ataques a las sedes socialistas que empezaron a producirse tras el registro de la proposición de ley de amnistía.
El decreto de apertura de estas pesquisas recoge una batería de diligencias, que incluye una petición a la Policía Judicial para que informe sobre la identidad de los convocantes de las concentraciones ante la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. En cualquier caso, la apertura de estas diligencias es solo el inicio de un procedimiento. Con la información recopilada, la Fiscalía tendrá que decidir si presenta una querella ante el Supremo o, por el contrario, archiva las diligencias.
Según la denuncia del PSOE, la “gravedad” de esas declaraciones hace que no puedan estar amparadas por la libertad de expresión al entender que pueden ser constitutivas de delitos de odio y de injurias y calumnias a altas instituciones del Estado. En su escrito, de 21 páginas, los socialistas acusaban a Abascal de “justificar que el pueblo quiera utilizar la violencia contra el presidente”.
Además, la formación de Pedro Sánchez denunció que con esas declaraciones se buscaba “un ataque al pensamiento político socialista” y las decisiones que se desde este se puedan adoptar. Y que eso da lugar a “un señalamiento público de un colectivo, en este caso mediante el ataque a quien lo representa, por razones de carácter ideológico” que coloca al partido y a sus miembros y afiliados “en el centro de ataques fruto de ese señalamiento, como está ocurriendo durante el último mes, especialmente ante la sede del PSOE en la calle Ferraz”.
Posibles delitos
En el decreto, la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, afirma que “a simple vista no pueden ser descartados” los delitos contra altos organismos del Estado que recoge el artículo 504 de Código Penal. Ese precepto impone penas de multa a quienes calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, entre otras instituciones.
Más reservas parece expresar en relación al delito de odio recogido en el artículo 510 del Código Penal. Recuerda, por ejemplo, que el Supremo es “muy restrictivo” a la hora de considerar a los políticos como sujetos pasivos protegidos por el delito de odio. Y añade que la jurisprudencia de este tribunal exige también que las manifestaciones realizadas impliquen un “peligro cierto” de generar un clima de violencia o hostilidad que se pueda concretar en “actos específicos de violencia, odio y discriminación” a determinados grupos. Y en esos grupos, según la doctrina, se encuentran minorías y grupos tradicionalmente oprimidos y vulnerables.