El fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, se opone a que el Alto Tribunal abra una investigación contra Carles Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic como propone el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es. La decisión, no obstante, no es definitiva. Está previsto que su propuesta de informe sea revisada por la junta de fiscales de lo Penal en una reunión prevista para este martes.
La propuesta de Redondo enmarca los altercados independentistas de 2019 que investiga desde hace cuatro años la Audiencia Nacional en posibles delitos de desórdenes públicos graves y daños. Además, no ve conexión de esos hechos con Puigdemont y el resto de aforados, informan fuentes fiscales. El fiscal del Supremo sigue así la misma línea del fiscal de la causa en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que se ha mostrado en varios escritos en contra de atribuir acciones de “matiz terrorista” al expresident; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; o el miembro de la mesa del Parlament Rubén Wagensberg.
La propuesta de informe del fiscal Redondo se produce en el marco de la exposición razonada que García Castellón elevó el pasado noviembre al Supremo solicitando que asumiera el caso e imputara por terrorismo a Puigdemont, Rovira y otras diez personas. El Alto Tribunal es el único órgano judicial que puede citarle como investigado dado que al ser eurodiputado tiene condición de aforado. Tras recibir esa petición, la Sala de Admisión del Supremo pidió un informe a la Fiscalía. El fiscal Redondo ha hecho una propuesta que es la que se debatirá en la citada junta de fiscales de lo Penal prevista para el martes.
Cuando la Fiscalía tenga listo su informe, lo remitirá a los magistrados para que decidan si archivan o admiten a trámite la exposición razonada. Ese será el momento en que el Supremo se pronuncie sobre si abre o no causa contra Puigdemont. En caso de que decidieran abrir un procedimiento se designaría un instructor. El instructor podría optar por ofrecerle declarar de forma voluntaria sin necesidad de pedir autorización previa al Parlamento Europeo o solicitar el llamado suplicatorio.
Los movimientos de García Castellón
Coincidiendo con la negociación sobre la amnistía, el juez García Castellón reactivó la causa de Tsunami Democràtic que había abierto cuatro años atrás. Sus últimas resoluciones evidencian el intento de incardinar en uno de los delitos más graves del Código Penal los altercados independentistas de 2019 y de incluir a Puigdemont en una acusación que nunca le afectó y que podría dejarle fuera de la ley de amnistía. El expresident llevaba ya dos años en Bélgica cuando se sucedieron las protestas.
Según García Castellón, la “posición de autoridad incuestionable” de Puigdemont en Tsunami se sustenta en cuatro elementos que la Guardia Civil y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ven irrelevantes: una nota sobre una reunión en Ginebra de la agenda del jefe de oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; una charla entre Alay y un periodista en la que se apunta a que Òmnium “informará” a Puigdemont de la presentación de Tsunami; una conversación del expresident y un empresario sobre las protestas; y el “impulso” de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.
El fiscal del caso en la Audiencia Nacional cuestionó en un duro recurso las tesis principales del magistrado y pidió anular tanto la imputación por terrorismo como la inclusión en el caso de Puigdemont al basarse, a juicio del fiscal, en suposiciones y tergiversaciones. Pero el juez no esperó a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviera su recurso —lo que todavía no ha ocurrido— y ha pidió al Supremo asumir el caso a través de la citada exposición razonada que ya tramita el Alto Tribunal.