La organización sindical con representación en el Consejo de la Policía expone en su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la URJC y la Dirección General de la Policía crearon un grado “limitado en cuanto a su duración y créditos con el único objeto de que los integrantes de las Escalas Superiores de la Policía, inspectores y comisarios, obtuvieran posiblemente de manera fraudulenta una titulación suficiente y necesaria para ascender a los más altos cargos de la Administración”.
Los mandos de la Policía recurrieron a este curso equivalente al Grado en Criminología, ya que la Ley de Personal de 2015 obligaba a disponer de un título de graduado o similar para poner acceder a puestos de alta responsabilidad. Es decir, “podían saltar del 'bachiller' a grado universitario en un año”, según ASP.
El Grado en Criminología que cursaron mandos policiales fue cuestionado por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y ASP asegura que el Ministerio de Educación “tumbó el proceso presencial y mantuvo el online”. Dicha titulación no se podía asimilar, según el tribunal, a una diplomatura por su contenido lectivo, de acuerdo a los requisitos básicos de homologaciones y equivalencias universitarios.
ASP explica que desde 2015 existía “un rumor muy extendido de que previo pago se podía obtener fácilmente y sin asistir a clase el grado universitario” en la URJC. “Varios jefes superiores y comisarios principales han logrado su puesto por este grado”, añade.
El PSOE, a través de su portavoz de Interior en el Congreso, David Serrada, se interesó en diciembre pasado por el número de altos cargos nombrados durante la etapa del ministro Juan Ignacio Zoido sin disponer de la titulación exigida para la responsabilidad que ostentan en la actualidad.
Preguntaba por varios altos cargos policiales, entre ellos el actual Jefe Central de Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de la Policía, Manuel Javier Peña Echeverría, de quien destacaba su título en Criminología por la Universidad de Salamanca y el grado por la Universidad Rey Juan Carlos.
ASP señala que, tras interponer la denuncia y ser aceptada su personación en la investigación, pedirá al juzgado que se libre oficio a la Dirección General de la Policía para que informe de todos los responsables policiales que han conseguido el grado universitario en la URJC para, de esta forma, “hacer una investigación rigurosa”.