Falsedad en documento oficial, tráfico de influencias, prevaricación y daño al patrimonio histórico. Estos son los delitos por los que la Fiscalía de Valladolid solicita cuatro años de prisión y tres de inhabilitación, además de varias multas que suman 459.900 euros, al que fue concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, en una de las legislaturas del ‘popular’ Javier León de la Riva, cuya inhabilitación de 13 meses por delito de desobediencia fue ratificada hace unas semanas.
Tanto García de Coca, como tres de sus técnicos, Modesto Mezquita Gervás, Luis Álvarez Aller y José Luis Cerezo Bada, son quienes, según el Ministerio Público, urdieron una trama para alterar el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU), el documento que decide el planeamiento de toda la ciudad, en favor de constructores y promotores inmobiliarios que vieron multiplicado el valor de sus terrenos al conseguir recalificaciones que nunca pasaron por el Pleno, o que incluso se habían rechazado expresamente.
Especialmente llamativo es el papel del arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, que tenía concedida la compatibilidad para hacer trabajos fuera de Valladolid y que acabó otorgando licencias a constructores con los que había tenido relación comercial.
El plan para alterar el PGOU se llevó a cabo seleccionando a los tres técnicos acusados y eliminando a otros del equipo redactor originario de la modificación del PGOU. Según un auto del Tribunal Superior de Justicia “se quebraron las más elementales reglas de un estado de Derecho” cuando se alteraron varios planos y más de 80 artículos a espaldas del Pleno.
Unas alteraciones que pasaron desapercibidas desde que se produjeron, en el año 2003, hasta que se descubrieron, en el año 2008, por el Grupo Municipal Socialista. El entonces alcalde, León de la Riva, restó importancia a la denuncia de la oposición y aseguró que se trataba de “errores informáticos”. La Fiscalía llamará a como testigo en el juicio oral a León de la Riva, que llegó a declarar en calidad de imputado durante la instrucción si bien el juez consideró que no había indicios suficientes contra él.
El excalde, respaldó la labor de García de Coca, del que había prescindido ya, y la de los técnicos cuando la denuncia tomó cuerpo en el juzgado. Tanto es así que, a pesar de la imputación y posterior acusación, uno de ellos fue ‘premiado’ con la responsabilidad de dirigir la Agencia de Innovación del Ayuntamiento.
En cuanto a los constructores y promotores beneficiados, destaca el gerente de Vallenava Capitol, José Luis Mayordomo, cuyo grupo inmobiliario estaba vinculado al Ayuntamiento por el patrocinio del equipo de baloncesto, mientras que él lo presidía y el técnico Modesto Mezquita fue nombrado vicepresidente.
Este grupo inmobiliario consiguió, por ejemplo, que le permitiesen edificar 124 viviendas en una zona donde antes de la alteración del plano del PGOU sólo era legal construir 9.
Así, los empresarios inmobiliarios Pilar López Mazariegos, Gonzalo Jolín Garijo, Francisco Capellán Barbado y Ramón Herrero Merino deberán de enfrentarse a una petición de dos años y medio de prisión. Mientras que José Luis González Torres, Eduardo Javier González Torres y el expresidente del Club Baloncesto Valladolid José Luis Mayordomo Martínez (pertenecientes al Grupo Capitol) y dos representantes empresariales de Parkosa, José Ángel Astorga Ruiz y Antonio Roberto Pastrana González , se enfrentan a ocho meses y distintas multas.