La fortuna personal de Juan Carlos I: un patrimonio opaco y de origen incierto en el centro de la polémica

La Casa Real anunció este lunes que quien fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas se marchaba del país “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”. Lo que la Zarzuela intenta hacer pasar por una cuestión de carácter personal es en realidad una polémica de altura sobre el origen de parte de su fortuna, incluidas las sospechas de que deriva de negocios irregulares y de que utilizó testaferros para esconderla en el extranjero.

Sin embargo, a cuánto asciende la fortuna personal del rey emérito es un misterio. Desde su llegada al trono y hasta el pasado marzo, cuando su hijo le retiró la asignación en medio de la polémica por sus oscuros negocios, ha venido recibiendo un sueldo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En 2018 ese montante fue de 194.232 euros. Sólo desde 2015, tras el estallido del 'caso Urdangarin, la Zarzuela ofrece con restricciones información sobre los regalos institucionales —no los personales— que reciben los miembros de la familia real. Pero el patrimonio del actual rey y de su predecesor sigue siendo secreto. 

La última cantidad atribuida a Juan Carlos I se eleva a 2.300 millones de dólares —casi 2.000 millones de euros— según una estimación realizada en 2012 por The New York Times. El diario llegó a esa cantidad tras hacer “un promedio de cifras ya publicadas”, según contó El Confidencial. En ese artículo, el diario estadounidense subraya que “sigue siendo un secreto” cómo Juan Carlos de Borbón “ha amasado su considerable riqueza personal”. 

En 2002, la ya desaparecida revista Eurobusiness había estimado el patrimonio del emérito en casi 1.700 millones de euros: 545 de fortuna personal y 1.136 de bienes familiares. Según contó El Mundo, el entonces embajador de España en Londres, Santiago de Mora-Figueroa, envió una carta al director de la publicación calificando la cifra de “disparatada”. “[La cifra] solo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad del Patrimonio Nacional, del Estado español, son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto”, escribió el diplomático.

The New York Times asegura en la citada información de 2012 que los bienes del ahora emérito cuando accedió al trono en 1975 eran “prácticamente” inexistentes. En 2013 trascendió la existencia de una cuenta en Suiza vinculada a la herencia de su padre, que falleció en 1993. Juan de Borbón dejó a sus hijos bienes y fondos por un valor de 6,6 millones de euros, de los que 2,2 habrían correspondido a Juan Carlos I, según publicó en aquel momento El Mundo. 

Entonces, la Zarzuela aseguró que esa cuenta abierta en el país helvético, territorio considerado refugio de evasores fiscales, se había cancelado en 1995 y que el dinero se había destinado a pagar deudas. La difusión de la existencia de esa cuenta y el patrimonio del padre del emérito destruyó el mito de la pobreza de los Borbones por el exilio de Alfonso XIII, su abuelo, durante la Segunda República. 

Las pesquisas en Suiza

Precisamente una investigación abierta en Suiza sobre el origen de parte de su fortuna es lo que ha acabado poniendo a Juan Carlos I contra las cuerdas. El fiscal Yves Bertossa indaga si los 65 millones que el monarca donó en 2012 a la empresaria Corinna Larsen, con quien mantuvo una relación extramatrimonial, proceden de una comisión ilegal de 100 millones de dólares pagada por el Gobierno de Arabia Saudí en agosto de 2008 por supuestas gestiones para que empresas españolas hicieran las obras del AVE a la Meca.

El origen de esa investigación está en las grabaciones que en julio de 2018 publicaron OkDiario y El Español y en las que Larsen atribuye al monarca el cobro de comisiones y el uso de testaferros. La conversación había tenido lugar en Londres en 2015 con el comisario jubilado José Villarejo, actualmente en prisión provisional por múltiples delitos, y el expresidente de Teléfonica Juan Villalonga. 

Tras la publicación de estos audios hace dos veranos, el fiscal Bertossa inició una investigación y detectó el rastro de la supuesta donación a la empresaria tras unas pesquisas en los despachos de Arturo Fasana, gestor de fondos radicado en Ginebra, y el abogado Dante Canonica. Juan Carlos I había depositado previamente ese dinero en un banco a nombre de una fundación radicada en Panamá y administrada por Fasana y Canonica. Estos dos últimos y Larsen están siendo investigados por “blanqueo agravado” en ese país. Lo que trata de desentrañar Bertossa es la supuesta estructura que presuntamente pusieron en marcha para blanquear dinero de origen ilícito y esconder parte del patrimonio de Juan Carlos I.

Los testimonios incluidos en la investigación suiza publicados por varios medios de comunicación hablan de un monarca retirando cantidades exorbitantes de dinero periódicamente, de su abogado introduciendo maletines por el aeropuerto militar de Torrejón y de Larsen asegurando que el emérito disponía de una máquina de contar el dinero en Zarzuela. 

Se desconoce por el momento si este es el único patrimonio que el padre del actual jefe del Estado guarda en el extranjero. No obstante, el Consejo Federal suizo rechazó la semana pasada bloquear cautelarmente sus fondos mientras se le investiga. El Ejecutivo suizo denegó la petición de Òmnium Cultural, que había reclamado la congelación de los activos.

Hechos tras su abdicación

La inviolabilidad que la Constitución consagra para los jefes del Estado hace que sea imposible perseguir penalmente a Juan Carlos I por los hechos anteriores a su abdicación en 2014. Es decir, en España no se puede investigar si el origen de su fortuna está en negocios irregulares. Pero el monarca sí debe responder por los hechos ocurridos tras su salida del trono aunque solo ante el Supremo, tribunal ante el que está aforado. 

En esa etapa en la que se centra la Fiscalía del Alto Tribunal, que estudia desde el pasado junio si existen indicios suficientes para abrir una causa contra él tras la investigación que se empezó en Suiza. Lo que un grupo de fiscales especializados dirigidos por Juan Ignacio Campos trata de “delimitar o descartar” es si cometió blanqueo de capitales en los movimientos de dinero o delito fiscal al no informar a Hacienda de sus rentas en el extranjero. 

De ahí la relevancia del documento que la Agencia Tributaria remitió en septiembre de 2018 a la Audiencia Nacional y en el que informaba de que Juan Carlos I nunca había declarado tener cuentas bancarias en el extranjero. El entonces juez del caso Villarejo, Diego García Egea, solicitó a la Agencia Tributaria esa información en el marco de la pieza 5 de la causa, la que investiga unas grabaciones entre el policía encarcelado y Larsen en las que esta atribuye distintos hechos delictivos al rey emérito, entre ellos fraude fiscal. Cuando recibió la contestación, el juez archivó esa pieza por lo que el informe no trascendió. 

La existencia de ese documento quedó revelada en el auto del actual juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, por el que pasado 27 de julio ordenó la reapertura de esa pieza separada, archivada entonces por ausencia de indicios sólidos y porque otros que constaban contra el emérito quedaban sepultados por la inviolabilidad que protege a Juan Carlos I en todo lo anterior a su abdicación en 2014.