El plazo de presentación de enmiendas se cerró a media tarde del lunes sin que el PP – que tiene la sartén por el mango con su mayoría absoluta- y el PSOE lograran sentar unas mínimas bases para negociar un Pacto contra la Corrupción con el resto de los grupos parlamentarios. Pero a última hora el PP sorprendió aceptando la propuesta de los socialistas de crear de una Comisión de expertos que aporten ideas para luchar contra esa lacra, lo que abre un resquicio a que haya algunos puntos comunes.
Los populares no parecen estar dispuestos a que se les acuse de haber boicoteado ese principio de acuerdo y han guardado para el final desvelar que habían presentado una enmienda a los textos de corrupción registrados por el PSOE, la Izquierda Plural y UPyD para que se debata este martes en la segunda jornada del debate del Estado de la Nación.
La idea del PSOE, sin embargo, era que se hubiera pactado un texto conjunto de todos los grupos encaminado a sentar unas bases mínimas del tan cacareado Pacto Anticorrupción. Las diferencias eran grandes y no fue posible. Así lo proclamaron los socialistas. “El fracaso ha sido de todos”, afirmaron, sin reconocer explícitamente que no hay ni una verdadera voluntad política por ninguna de las partes ni un clima adecuado para el acercamiento desde que estalló el escándalo Bárcenas, del que cada vez se conocen más cosas que causan perplejidad.
La “línea roja”, según había establecido Elena Valenciano tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, era precisamente la creación de esa Comisión de expertos que asesoraría sobre las medidas de choque de una futura ley anticorrupción.
Después de una intensa tarde de conversaciones, en las enmiendas que registró el grupo de Rubalcaba a las seis de la tarde no había ni una sola referida a la batería de medidas sobre ese asunto que planteó la semana pasada el presidente del Gobierno en la primera sesión del debate del Estado de la Nación. El PP, aunque cumplió los plazos, no desveló las suyas.
Pese a ese primer fracaso, el PSOE afirmó que no quería cerrar del todo la puerta a que a lo largo del martes y hasta que empezara las votaciones en el pleno, pudiera acordarse alguna enmienda transaccional que dejara traslucir un mínimo acercamiento. De momento, la posibilidad de acuerdo se vislumbra más entre PP y CiU que con el PSOE.
No obstante, los dos grandes partido parecen estar en la misma dinámica en algunos cosas, como que la Ley de Transparencia incluya a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales así como a todas aquellas que obtengan financiación pública, como es el caso de las Fundaciones. Pero el PP se niega en rotundo a incluir a la Casa Real, como reclama la Izquierda Plural, nada proclive a sentarse con el Gobierno para negociar un pacto que ven como “un brindis al sol” para cubrirse por el escándalo desatado en el PP por el caso Bárcenas.
Tampoco parece haber divergencias para realizar cambios legislativos encaminados a endurecer penas para todos los delitos relacionados con la corrupción y para aumentar los plazos de su prescripción. O en articular por ley más instrumentos de control para el Tribunal de Cuentas, cuyos trabajos son extremadamente lentos. O en la regulación de los lobbies para establecer sus límites y clarificar cuáles pueden ser sus actividades. El problema es de clara desconfianza.
El PSC desafía de nuevo a Rubalcaba anunciando que apoyara el derecho a decidir
Aunque la mayoría de las resoluciones se centran en la corrupción y la crisis económica hay otras mociones que van a copar no solo el protagonismo del pleno. Por ejemplo, la que han presentado conjuntamente CiU e Iniciativa per Catalunya en la que se insta al Gobierno a negociar la Generalitat la celebración de una consulta para que los catalanes decidan sobre su futuro político. Los 14 diputados del PSC han adelantado que votarán a favor de dicha moción desmarcándose por primera vez del resto del Grupo Socialista en un pleno. Este anuncio ha aumentado la tensión que ya había entre el PSC y la dirección federal del partido después de que Pere Navarro decidiera por su cuenta y riesgo pedir la abdicación del rey justo minutos antes de que Rubalcaba subiera a la tribuna el día del debate de la nación para replicar al presidente Rajoy. La única incógnita que queda por despejar es si a la 'rebelión' se sumará Carme Chacón.
De todas formas, las propuestas que se aprueben no son vinculantes ni tienen rango de ley por lo que depende de la voluntad política del Gobierno que se lleven a cabo o no. En anteriores debates la mayoría de las que se aprobaron quedaron en el olvido.