Francisco Granados ha esperado a su tercera declaración ante el juez de Púnica para aportar pruebas sobre la presunta caja B del PP de Madrid. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el exsecretario general del PP de Madrid ha entregado al magistrado Manuel García Castellón una veintena facturas que, ha dicho, se habrían emitido por trabajos no realizados para pagar los gastos de una campaña en B durante las elecciones de 2007. Este jueves ha insistido en el control total que tenían Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Esas mismas fuentes explican que los contratos, a los que aún no han tenido acceso los abogados personados en Púnica, serían de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid durante la época de Alfredo Prada. Granados ha añadido que esta práctica formaba parte del sistema instaurado por Aguirre y González, que contrataban gastos extra sin ningún tipo de control por parte del resto de responsables del PP de Madrid.
Según ha explicado durante su declaración, cuando entró como consejero de Justicia en sustitución de Alfredo Prada le entregaron alguna facturas de contratos anteriores. Guardó esas facturas en su casa -que ya fue registrada por agentes de la UCO- y, según ha dicho, ahora al revisarlas le ha dado mayor importancia. Se ha mostrado categórico al afirmar que no tiene dudas de que con ese dinero se pagaban gastos de publicidad electoral en esa campaña de refuerzo que controlaban Aguirre y González.
Un estudio sobre delincuencia juvenil
Fuentes presentes en esa declaración explican que está responsabilizado de todo a González y que, aunque ha mencionado a Aguirre en varias ocasiones, lo ha hecho de manera menos “contundente”. Entre las empresas que ha mencionado en ese entramado está GINSO, una asociación para la gestión de la integración social, que habría firmado un convenio con la empresa Inver-Eleto SL, de David Renedo, exdirector de Telemadrid.
Fruto de ese acuerdo se hacen unos estudios -por ejemplo, para el estudio del nivel y tasas de la delincuencia de la Unión Europea en comparación a la situación en la Comunidad de Madrid- y se cursan unas facturas a la Consejería de Justicia -entonces dirigida por Prada- cuyos conceptos, sostiene Granados, son falsos. Ha añadido que ese acuerdo también lleva la firma de Germán Yanke, periodista ya fallecido que presentó durante años diversos espacios en la televisión autonómica.
Granados ha dicho desconocer si Prada actuó solo o por mandato de Aguirre. Sí que se ha mostrado convencido de que Renedo, quien ha dicho que era amigo íntimo de Aguirre, y Yanke no tenían capacidad para elaborar los estudios que les habían encargado, por lo que sospecha que el concepto de las facturas es falso. Por esa razón ha concluido que era un sistema para el pago de gastos electorales.
En su primera declaración explicó que mientras la campaña “en A” se pagaba con dinero del PP nacional, del grupo municipal y de las subvenciones electorales, la campaña extraoficial usaba empresas públicas como el Canal de Isabel II o la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Sus inversiones en publicidad y la ayuda de empresas privadas como SWAT servían para sufragar los actos de Esperanza Aguirre.
Aguirre lo controlaban todo y Rajoy no sabía nada
La de hoy es la tercera parte de la declaración que inició el pasado 12 de febrero. Ese día incluyó a Cristina Cifuentes dentro de un núcleo de poder formado por Aguirre, González y sus colaboradores más cercanos. Añadió que todos tenían conocimiento del uso de fondos en B para pagar una campaña de refuerzo para Aguirre durante las elecciones autonómicas de 2007.
Hoy ha vuelto a mencionar a Cifuentes, para insistir en que era ella quien se relacionaba con los alcaldes y candidatos del partido en nombre del PP de Madrid. En ese núcleo de poder estaba también Jaime González Taboada, y él quedó excluido. Afirma que le pusieron como secretario general sin apenas poderes dentro del partido para quitárselo de enmedio.
En esa declaración ya apuntó al control total que tenían Aguirre y González, y este jueves ha continuado por esa línea. Según ha relatado, controlaban todos los nombramientos, hasta los fichajes de periodistas para los gabinetes de prensa, y los pagos que hacía el partido.
Durante una parte de su declaración, ha explicado que, aunque el PP nacional y el PP de Madrid comparten sede en la calle Génova 13, apenas había relación entre la matriz y la formación regional por la mala relación que tenían Aguirre y Mariano Rajoy durante esos años. El entonces candidato y ahora presidente del Gobierno no tenía conocimiento de la presunta campaña en B, ha destacado Granados.
También como en esa declaración, Granados ha insistido en que nunca tuvo conocimiento de las irregularidades durante las campañas. Cuando ha advertido algunas cosas extrañas ha sido ya durante la instrucción del caso Púnica, cuando ha vistos gastos que no se correspondían con lo que había contratado el PP de Madrid. Esos gastos electorales incluidos en el sumario no los ha visto nadie que trabajase en la campaña, ha insistido.
Granados ha aprovechado parte de su declaración para cargar contra los informes elaborador por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ha asegurado que sus informes están llenos de errores y datos falsos con los que intentan perjudicarle, por lo que ha anunciado que presentará nuevas querellas. Ya denunció a seis agentes a los que acusa de no investigar a su exsocio, David Marjaliza, por tráfico de drogas.