El juez del caso Villarejo cita como imputado al número dos de Interior con Rajoy por el espionaje a Bárcenas

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha citado como investigado el próximo viernes al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, número dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, han revelado a eldiario.es fuentes del caso.

La imputación de Martínez supone un salto cualitativo en la investigación judicial de las actuaciones de la brigada política en tiempos del Partido Popular en el Gobierno. Francisco Martínez es el primer político en ser imputado después de que el juez García-Castellón hiciera lo propio en febrero del año pasado con toda la primera línea policial de la trama, incluido su artífice y jefe operativo, el comisario Eugenio Pino.

La imputación de Martínez, cuya Secretaría de Estado manejaba los fondos reservados, parte de las declaraciones de algunos policías imputados. Uno de ellos, Enrique García Castaño, reveló que había puesto a su disposición un ordenador portátil para que siguiera con él todas las novedades de la Operación Kitchen. Ese ordenador se encuentra en estos momentos precintado en la sede de la Comisaría General de Información. El juez García-Castellón ha citado también a García Castaño, antiguo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), para la mañana del viernes

Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Cuando arrancó la investigación, los tres estaban aforados, pero esa circunstancia ha cambiado en todos ellos. A aquella policía política se le atribuyen también la Operación Catalunya o el informe PISA sobre la falsa financiación irregular de Podemos.

La pieza número 7 del caso Villarejo investiga la operación Kitchen, destinada a robar la información que Bárcenas pudiera retener y que fuera comprometedora para dirigentes del PP y de aquel Gobierno, una vez el extesorero ingresó en prisión y comenzó a tirar de la manta, en el verano de 2013. Para ello, la brigada política pagó un sueldo 48.000 euros en dos años al entonces chófer de la familia Bárcenas y luego facilitó su ingreso en la Policía con 42 años y un destino de los más requeridos por los agentes. La brigada política también allanó un local de la familia.

Tras darse a conocer que estaba citado a declarar, el ex secretario de Estado de Seguridad ha pedido respeto a la presunción de inocencia y ha asegurado que durante los años que ejerció el cargo trabajó con “lealtad” a sus superiores y dentro de la legalidad. “A pesar de los errores que sin duda cometí, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la Ley”, ha expresado en un comunicado.