Francisco Martínez es, hasta la fecha, el único cargo público investigado por las actuaciones de la brigada política en el espionaje a Luis Bárcenas y, según su relato, tiene en su mano la implicación de la anterior cúpula de Mariano Rajoy en el Gobierno y en el PP por las supuestas tretas para reventar la trama más grave de corrupción que ha afectado al partido en toda su historia, el caso de la caja B.
“Si tengo que declarar porque me impliquen, también irán [Jorge] Fernández Díaz y probablemente [Mariano] Rajoy”, escribió en septiembre del año pasado el que fuera número dos de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior entre 2013 y 2016. El juez le citó como investigado cuatro meses después, en enero de 2020, tras ser señalado por el comisario Enrique García Castaño como máximo responsable de los fondos reservados que habrían sufragado la operación.
Martínez —que en el sumario de Kitchen aparece mencionado como 'Paco' o 'Choco', los apodos con los que se referían a él los policías implicados— se ha negado hasta en dos ocasiones a declarar ante el juez Manuel García Castellón. Por ahora ha guardado silencio, quizá a la espera de que fructificaran las gestiones que ha ido haciendo en los últimos meses con dirigentes del PP y otras autoridades y que ha puesto al descubierto el clonado de su móvil, incautado el pasado marzo en su casa de Madrid.
En abril de 2019 pidió sin éxito al propio Rajoy —que ya estaba fuera de la política— y al actual secretario general del PP, Teodoro García Egea, un puesto en las listas electorales de las elecciones generales que se celebraron el 28 de ese mes que le garantizara unos ingresos y ser aforado ante el Supremo. También contactó al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y dejó por escrito en una nota en su teléfono móvil que la investigación tenía que quedarse “dormida” un tiempo mediando para ello con el juez García Castellón y los fiscales.
El material que los investigadores encontraron en el domicilio familiar de Martínez está lleno de advertencias y amenazas veladas. En varias de sus comunicaciones, el ex secretario de Estado de Seguridad da a entender que aunque todos se pongan “de perfil” él no va a ser el único que sufra las consecuencias de un asunto que, asegura, ni le “importaba”, ni le “preocupaba”, ni le “interesaba”.
Tras verse cercado por la investigación decidió en 2019 cubrirse las espaldas acudiendo hasta en dos ocasiones a un notario que diera fe de los mensajes que intercambió con Fernández Díaz en 2013, tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas, y que prueban que el exministro estaba al tanto de la operación. Esos mensajes también apuntan a la posible implicación del CNI en el espionaje al extesorero, como reveló elDiario.es.
La historia puede repetirse para el PP con distintos personajes. Tras negar que la contabilidad B llevaba su letra, Bárcenas acabó asumiendo en 2013 la autoría de los papeles y tirando de la manta en su declaración ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ante el que apuntó a la cúpula del partido. Cuando él y otros dirigentes del PP empezaron a desfilar hacia prisión con Jaume Matas y Carlos Fabra a la cabeza, la estrategia popular marcó distancias con ellos. Y el hombre que había manejado la finanzas del partido durante casi dos décadas se convirtió para Rajoy en “ese señor del que usted me habla”.
Este martes, el actual líder del PP, Pablo Casado, trató de desvincularse de esta operación afirmando que él era un diputado raso por Ávila cuando se produjeron los hechos que investiga la Audiencia Nacional, que vienen “de tiempos ya muy pasados”. Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, pidió prudencia y que se respete la “presunción de inocencia”.
Martínez se presenta ahora sí mismo como una víctima, como alguien “leal y comprometido” al que sus superiores han dejado “tirado” y “utilizado vilmente”. Así consta en los mensajes cruzados con varios interlocutores recogidos en el informe en el que la Fiscalía Anticorrupción apunta a que el PP de Rajoy habría utilizado las instituciones del Estado para poner en marcha operaciones parapoliciales en beneficio propio. “Mi grandísimo error en el Ministerio del Interior fue ser leal a miserables como Jorge [Fernández Díaz], [Mariano] Rajoy o [María Dolores de] Cospedal”, escribió en junio del año pasado.
Amigo de Sáenz de Santamaría
De origen humilde, Martínez se licenció en Derecho y Económicas con calificaciones excelentes en la universidad privada y católica de Comillas. No es lo que se conoce como un hombre de partido. De hecho, empezó a desarrollar sus facultades para la política al rondar la treintena, cuando ingresó en 2004 en el Cuerpo de Letrados de las Cortes con el número uno de su promoción. En la Cámara Baja llegó a director general de Relaciones Internacionales y fue ahí cuando entabló una relación próxima con Soraya Sáenz de Santamaría, a la que le tocó asesorar en los trámites de inicio de la legislatura. Sus despachos también estaban cerca, lo que propició el buen trato entre ambos.
En enero de 2013 fue nombrado secretario de Estado de Seguridad, un puesto de gran poder y en el que tenía a su cargo a casi 150.000 policías y guardias civiles. En aquella época, Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz todavía mantenían una buena sintonía. La relación entre ambos se empezó a enturbiar a partir de 2016, cuando el entonces titular de Interior se integró en el conocido como G-5, un grupo de ministros amigos entre sí y de Mariano Rajoy que compartían su animadversión hacia la número dos del Ejecutivo. Eso no evitó Martínez siguiera siendo un hombre de la vicepresidenta y al tiempo número dos del ministro.
Martínez intentó sustituir a Fernández Díaz en 2016 tras su salida de Interior por el escándalo de las grabaciones en las que conspiraba contra políticos independentistas. Todavía quedaban más de dos años para que se iniciara esta investigación por el espionaje a Bárcenas, pero ya había trascendido el trato directo que mantenía con al menos tres de los comisarios implicados en las maniobras del Ministerio del Interior contra los adversarios políticos del PP.
Uno de esos mandos policiales, Marcelino Martín Blas-Aranda, guardaba el número de Martínez en su agenda del móvil junto al alias 'Paco Bomba'. Sus aspiraciones se truncaron aunque sí consiguió un escaño por Madrid en el Congreso en las elecciones de junio de ese año. En los siguientes comicios, los de abril de 2019, tanto él como Fernández Díaz fueron apartados de las listas.