Una sucesión de supuestas inversiones fraudulentas en criptomonedas y varias denuncias cruzadas mantienen revolucionada desde hace meses la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla. Dos juzgados de la ciudad investigan los hechos, que tienen como protagonista a un cabo al que varios compañeros y conocidos acusan de haberse apropiado de más de 150.000 euros que habrían puesto a su disposición para hacer inversiones a través de Internet bajo la promesa de obtener altas rentabilidades en poco tiempo. El agente niega haberse quedado con ese dinero y dice ser, él también, víctima de un engaño. Afirma haber perdido casi 25.000 euros con estas inversiones.
Las pesquisas avanzan de forma paralela en dos juzgados, en los que el guardia civil simultanea la condición de querellante y de investigado por sendos delitos de estafa en el marco de los mismos hechos. Es el tipo penal que le atribuyen la decena de compañeros y conocidos para los que actuó como una especie de intermediario y el que él imputa a los brokers y la plataforma de compraventa de criptomonedas con las que supuestamente canalizó esas inversiones. El cabo, que responde a las iniciales F.A., fue detenido el 14 de octubre y quedó en libertad tras declarar. Se han querellado contra él compañeros de trabajo, pero también conocidos del gimnasio o amigos de la infancia que se ubican en Melilla, Cádiz y Huelva.
En su interrogatorio ante la jueza, al que ha tenido acceso elDiario.es, el agente negó haber estafado a nadie y haberse apropiado de dinero ajeno. Explicó que fueron sus compañeros y conocidos los que le pidieron información sobre inversiones tras enterarse de que había ganado más de 5.000 euros operando con criptomonedas. Entonces todo parecía un negocio seguro y, según su relato, les informó de la “mecánica de inversión”, que consistía en que ellos les transferían el dinero y él lo invertía a través de una plataforma de compraventa de criptoactivos denominada Trading Network, donde le habían comunicado que invirtiendo de forma conjunta ahorrarían impuestos.
Los inversores firmaban unos documentos a modo de contrato individual con la plataforma, que en ocasiones no llevaban sello ni firma de la otra parte, según ha podido comprobar este periódico. Varios de los afectados reconocen en sus denuncias que no los entendieron porque estaban en inglés. La labor de F.A. era la de intermediario entre el resto de los inversores y la empresa. La compañía está desde mayo de 2021 en el listado de empresas fraudulentas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por actuar sin autorización en el mercado financiero.
Un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil aportado a la causa revela que las cuentas bancarias del cabo recogen hasta una quincena de transferencias de las supuestas víctimas con el asunto “inversión en bolsa” por valor de 163.750 euros. Es el dinero que pusieron a su disposición para que realizara las inversiones. Los desembolsos más cuantiosos los hicieron dos guardias civiles que le transfirieron 60.000 y 31.000 euros, respectivamente. Otras transferencias son de 5.000 euros o menos.
El análisis de sus cuentas también recoge cinco salidas de dinero en concepto de “beneficios”, por valor de 12.000 euros. Es el montante que, según F.A., abonó por las supuestas ganancias generadas por las inversiones. El citado informe policial detalla, sin embargo, que según la documentación aportada por los bancos, esos beneficios “no provenían de ninguna inversión sino que provenían de otras personas que supuestamente invertían ese dinero”. Es decir, que abonaba los supuestos beneficios tras lograr que terceras personas hicieran inversiones. Ese informe es previo a la querella que F.A. y otro compañero presentaron contra Trading Network y los supuestos brokers asesorados por el letrado Francisco Jiménez, socio del despacho Zaballos Abogados y vicepresidente de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.
La documental bancaria recoge también la existencia de nueve transferencias desde cuentas de F.A. a las plataformas de criptomonedas Coinbase y Luno por valor de más de 110.000 euros. A requerimiento de los investigadores, la segunda de ellas ha informado de que esa cuenta pertenece a un cliente español y que, en el momento de la petición de información, no tenía fondos. La plataforma confirmó que ese cliente recibió depósitos en euros y que utilizó “inmediatamente” esos fondos para comprar bitcoins que envió a direcciones de terceros desconocidos y sobre los que no puede aportar más información, aunque sí es posible pedir un informe de trazabilidad que su defensa va a solicitar.
Un mero intermediario
Ante la jueza, el cabo afirmó ser un mero intermediario que “perdía la disposición del dinero en el momento que lo invertía”, pues eran los brokers de la plataforma los que se encargaban de hacer las inversiones en criptomonedas. Además, manifestó que ni siquiera era él el que hacía las operaciones directamente, sino que los agentes accedían a sus equipos a través de la aplicación de control remoto Anydesk y actuaban en su nombre. Y aseguró que, como consecuencia de ello, “mucha” información que estaba en su ordenador y su teléfono había sido borrada.
En la querella que el cabo presentó en primavera y que desde el pasado junio investiga otro juzgado de Melilla es más contundente y responsabiliza a los brokers de haber traspasado dinero de sus cuentas a las citadas plataformas de compraventa de criptomonedas “sin ningún tipo de autorización ni consentimiento”. Asegura, a este respecto, que la broker que le asignó la plataforma, Ania Koshkina, hizo hasta 14 transferencias sin su permiso por valor de más de 200.000 euros a estas plataformas. F.A. ha aportado al juzgado las reclamaciones que ha realizado a las entidades bancarias en las que tenían sus cuentas y a las que considera “implicadas en el asunto”.
Cuando fue detenido, F.A. negó a la jueza que haya simulado ser víctima de una usurpación de identidad tras haberse visto acorralado por las denuncias de conocidos y compañeros y ver que no podía devolver el dinero. Quienes le han denunciado sí se sienten engañados por él, según se deduce de la lectura de sus denuncias. Esas denuncias recogen un modus operandi similar en el que era F.A. el que les proponía hacer esas inversiones prometiéndoles rentabilidades de hasta el 30% que podían cobrarse de forma mensual y asegurándoles que el capital estaba garantizado.
La forma de proceder también era similar: todos firmaban un documento en inglés que era igual en todos los casos —a pesar de que las cantidades invertidas eran diferentes— y en los que de forma manuscrita aparecían el nombre y demás datos de identidad. También aparecía escrito a mano de qué manera querían cobrar sus ganancias. El destino de esos fondos sigue siendo, a día de hoy, una incógnita. Una jueza mantiene imputado al cabo, acusado de un delito penado con hasta seis años de cárcel, mientras otra jueza trata de desenmarañar el papel que han tenido en esta trama los brokers y la plataforma de compraventa de criptomonedas con la que el agente supuestamente canalizó esas inversiones de miles de euros.