El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, es el protagonista de dos de las causas judiciales más relevantes del momento. En una está acusado de defraudar más de 350.000 euros tras multiplicar sus beneficios con contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. En la otra se investiga si los correos en los que su abogado reconocía ese fraude fiscal se filtraron de forma ilegal a la prensa. El caso principal, en el que el comisionista se expone a una condena de cárcel tras reconocer tres delitos, lleva meses paralizado. La derivada, mientras tanto, avanza a toda velocidad en el Tribunal Supremo, con el fiscal general como principal imputado y una nueva vía que arrancará este viernes con la declaración como testigo del líder del PSM, Juan Lobato.
La Fiscalía denunció el pasado marzo a González Amador por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. El empresario facturó en esos ejercicios 3,7 millones de euros, de los que casi dos provenían de una única comisión por mediar en un contrato de compraventa de mascarillas. Cuando llegó el momento de justificar esas cuantiosas ganancias ante Hacienda, trató de engañar al fisco. Lo hizo imputando gastos de cientos de miles de euros por trabajos que nunca existieron, pero que le beneficiaron fiscalmente.
Durante los primeros meses de investigación fiscal, su defensa intentó combatir las acusaciones de Hacienda y defendió que los trabajos eran reales. Pero la estrategia fue virando hacia el reconocimiento de los hechos y el control de daños. Primero, retiró algunas facturas con las que había intentado pagar menos impuestos; y, un mes antes de ser denunciado cuando la inspección de Hacienda concluyó que había un fraude de 350.000 euros en dos ejercicios, ofreció un pacto a la Fiscalía. En ese acuerdo se mostraba dispuesto a aceptar ocho meses de prisión y pagar más de medio millón de euros entre deudas, multas e intereses a cambio de no pisar la cárcel y cerrar el caso con una sentencia de conformidad. Lo expuso así en un correo el 2 de febrero de 2014.
La investigación de Hacienda previa a la comunicación a la Fiscalía fue tan exhaustiva que las diligencias abiertas por la jueza Inmaculada Iglesias consistieron básicamente en pedir toda la documentación al fisco y llamar a declarar al propio González Amador y a sus supuestos socios. Sin embargo, hasta el momento solo ha habido tres intentos fallidos de que el empresario compareciera ante la Justicia.
El último estaba previsto para este viernes 29 de noviembre, pero el empresario logró que se aplazara a la espera de que la Audiencia de Madrid decida si hay materia para investigar además su relación con el Grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada que disfruta de adjudicaciones de cientos de millones de la Comunidad de Madrid, tal y como pidió la acusación popular de PSOE y Más Madrid.
Ambos partidos solicitaron que se indagara, especialmente, en su relación con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y figura clave en su ascenso profesional ligado a ese gigante sanitario. Entre las cuestiones que las acusaciones piden investigar está la compra de una sociedad de la esposa de Camino por casi medio millón de euros que González Amador realizó tras haber ganado casi dos millones en comisiones por vender mascarillas a una empresa, a su vez, vinculada al presidente de Quirón Prevención. Camino es además administrador en la empresa MAPE, una firma de Pontevedra que compró 45 millones de euros en mascarillas a la sociedad que había prometido las comisiones a la pareja de Ayuso. González Amador ingresó por esa operación dos millones.
PSOE y Más Madrid sostienen la compra de la empresa a Camino podría ser una fórmula para repartir la comisión y piden a la juez que lo investigue. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la Audiencia de Madrid, instancia ante la cual González Amador recurrió la decisión de la jueza de abrir una pieza separada para indagar en su relación con la gigante sanitario y Fernando Camino.
El ático de lujo
En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid que cuando arrancó el caso dijo que era Hacienda quien debía 600.000 euros y atribuyó la investigación a una operación de todos los poderes del Estado, sigue sin explicar a cambio de qué una empresa le cede el disfrute de un ático de lujo situado en el piso superior a la vivienda que adquirió su pareja tras defraudar a Hacienda. “¿Ático de lujo? Hay que morirse de la risa con ustedes”. Esto es todo lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho en estos meses sobre el uso y disfrute de una vivienda que, a precio de mercado, supera los 1,9 millones de euros, y cuya existencia reveló elDiario.es hace nueve meses.
Mucho antes de que estallase el escándalo, la presidenta había anunciado en algunas entrevistas su intención de comprarse un piso en el barrio de Chamberí (donde están ubicados los dos inmuebles que disfruta) supuestamente para dejar de pagar los altos alquileres que se cobran en la capital.
La propiedad del segundo inmueble, el que está situado justo encima del que adquirió González Amador, corresponde al 100% a la sociedad Babia Capital SL, según adelantó este medio. Esta empresa está administrada en la actualidad por Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador durante la investigación de la Agencia Tributaria. Sin embargo, el principal propietario de Babia Capital SL, y, por tanto, del ático, es Jorge Pablos, como se conoce en León al empresario hostelero Jorge Carlos Pablos Alonso, quien se negó hacer ningún comentario más allá de que él no es el único dueño de la sociedad que posee el ático y que disfruta la pareja.
Babia Capital SL adquirió la propiedad en julio de 2023, en fechas próximas a que Ayuso y su pareja se mudaran al piso de abajo. Desde entonces, la presidenta de Madrid y su pareja vienen haciendo uso de los dos inmuebles, según han relatado varios testigos a eldiario.es. Babia Capital SL compró el ático al contado y con dinero prestado de un tercero. Así se desprende de las últimas cuentas anuales de esa sociedad, que reflejan que alguien (una persona física o una empresa) le prestó 955.000 euros en 2023.
Cuando la sociedad leonesa compró el ático situado en la séptima planta, sus dueños sabían hace meses que la presidenta madrileña y su pareja iban a vivir justo debajo. Alberto González Amador escrituró la compra de la vivienda en la sexta planta en julio de 2022, pero no acudió al Registro de la Propiedad hasta mayo de 2023, una vez celebradas las últimas elecciones autonómicas que Ayuso ganó por mayoría absoluta. Cuarenta y ocho horas después de registrar la compra de la vivienda, Babia Capital SL compró el ático de la séptima planta.
El ático de lujo tiene una superficie bruta construida de 176 metros cuadrados, solo algunos menos que la vivienda de abajo que figura a nombre de Alberto González Amador. El ático se divide en 155 metros de vivienda y otros 21 metros de elementos comunes, según el Catastro.
Esta vivienda adicional de Ayuso y su pareja tiene cinco dormitorios –tres iguales, uno mayor y otro “de servicio”–, un cuarto de baño principal y uno menor, dos vestíbulos –uno principal y otro de menor tamaño– y una amplia terraza en la que la presidenta madrileña y el presunto defraudador han colocado una bandera de España, visible desde la calle. El fiscalista que representó a González Amador ante Hacienda tiene una larga relación profesional con el citado Fernando Camino. El hostelero Pablos, el fiscalista González Amador y Fernando Camino se conocen de León, donde todos han residido.
El Supremo pisa el acelerador
Mientras la causa contra González Amador por fraude fiscal y falsedad documental apenas experimenta avances, las diligencias por la filtración del correo en que su abogado reconocía los delitos ha tenido tiempo de tramitarse en el Tribunal Superior de Madrid, llegar al Tribunal Supremo, requisar los correos y mensajes del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y emitir, incluso, un primer informe de la Guardia Civil.
Las diligencias, que ahora dirige en juez Ángel Hurtado en el Supremo, miran en dos direcciones: a la Fiscalía y al PSOE. El magistrado, después de descartar la primera línea de investigación y rechazar que el comunicado de marzo de la Fiscalía de Madrid sobre el caso fuera delictivo, tal y como había expuesto en su exposición razonada el Tribunal Superior de Madrid, decidió investigar otro aspecto: si fue el fiscal general fue quien filtró los emails -con la confesión de dos delitos de González Amador- a la prensa.
Hurtado puso la causa bajo secreto y su primera medida fue incautar correos y mensajes tanto del fiscal general como de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, también investigada. La Guardia Civil tiene pendiente analizar el contenido del email y el teléfono de García Ortiz, pero ya ha estudiado los mensajes de Rodríguez y ha deducido que esos correos fueron filtrados a la prensa por la Fiscalía, aunque en esos mensajes no figura ninguna instrucción desde el Ministerio Público en ese sentido.
La causa que se tramita en la Sala de lo Penal del Supremo avanza a ritmo endiablado, con el magistrado contestando a recursos y peticiones en el plazo de unos pocos días. El primer informe de la UCO también llegó pocas semanas después de los registros. Pero en las últimas horas el juez ha abierto una nueva vía de investigación: si esos correos circularon también por otra vía y acabaron en manos de Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid.
Lobato tendrá que declarar como testigo este viernes, obligado, por tanto, a decir la verdad y a aportar todo lo que consignó en un notario a principios de noviembre. Según publicó el diario ABC, el secretario general de los socialistas madrileños levantó acta de unos mensajes del 14 de marzo en los que, supuestamente, personal de la Moncloa le ofreció los correos con la confesión de González Amador para esgrimirlos ese día en la Asamblea de Madrid ante Díaz Ayuso.
La declaración de Lobato, que el juez acordó un día después de la publicación del diario, tendrá que aclarar los detalles sobre esos mensajes y, sobre todo, a qué hora los recibió, teniendo en cuenta que el primer medio de comunicación en publicarlo de forma íntegra lo hizo poco después de las nueve de la mañana. Según la versión de Lobato, precisamente acudió al notario hace unas semanas para poder demostrar que ni el PSOE ni la Moncloa obtuvieron esta información antes de que la publicaran los medios de comunicación. Aunque en las últimas horas, Lobato ha deslizado dudas sobre que esa versión fuese cierta. Una línea de investigación sobre la filtración de los correos que avanza a una velocidad muy superior que la causa por un fraude fiscal que González Amador reconoció hace nueve meses y por la que todavía no ha declarado en sede judicial.