Pases de películas que ni siquiera se llegaban a exhibir, compra masiva de entradas, y proyecciones de títulos desconocidos que supuestamente llegaban a decenas de pueblos españoles pero que nunca tuvieron lugar. Estas son las principales estrategias que determinados productores y exhibidores desplegaron en el pasado para manipular al alza la cifra de espectadores de sus películas y aparentar que alcanzaban los requisitos que establecía la normativa que daba acceso a subvenciones públicas de hasta 1,5 millones de euros por cinta.
Dos sentencias sobre el llamado fraude del taquillazo dictadas por juzgados de Madrid prueban la connivencia entre exhibidores (salas de cine) y productores –los beneficiarios de las subvenciones– para falsear los datos reales de taquilla. Y hay otros tres procedimientos abiertos en los que la Fiscalía reclama penas de hasta dos años de prisión para los procesados por los delitos de fraude a las subvenciones y falsedad en documento oficial.
Hasta 2016, el ICAA, dependiente del entonces Ministerio de Educación y Cultura, otorgaba estas ayudas en función de una combinación de parámetros en la que se valoraba la inversión y, principalmente, lo recaudado en la taquilla. La primera parte, la ayuda general, se establecía sobre un porcentaje sobre la recaudación bruta. La segunda, llamada complementaria, se obtenía en base a un sistema de puntos siempre que la inversión del productor hubiera superado un mínimo.
Para acceder al sistema de ayudas los largometrajes tenían que haber alcanzado una recaudación de entre 330.557 y 601.012 euros en los primeros 12 meses de exhibición comercial. Ese era el listón para las películas proyectadas entre 2009 y 2010, que son las convocatorias a las que se refieren los procedimientos abiertos en los tribunales. Las salas eran las encargadas, semana a semana, de trasladar al ICAA las cifras de recaudación de cada sesión a través de un documento oficial.
El fallo más reciente, del pasado 11 de junio, condena a cinco meses de cárcel a dos hermanos que se pusieron de acuerdo con sus empresas de producción y exhibición de películas para hacer creer al ICAA que, entre los días 11 y 31 de agosto de 2010, “múltiples espectadores” habían presenciado los filmes La zona muerta, Pecador y La última mirada en 95 pueblos de España. Pero la realidad es que las películas ni siquiera se llegaron a proyectar. De no haberse acreditado la “manipulación”, relata la sentencia, ambos se habrían embolsado más de 2,2 millones de euros de dinero público. Los condenados por sendos delitos continuados de fraude a las subvenciones en grado de tentativa y falsedad en documento oficial son Jaume y Antonio Solé Viñas. El primero es administrador de la productora ABS Production y el segundo de la exhibidora Luna Exhibition.
La segunda sentencia, del 20 de septiembre de 2016, detalla la otra gran fórmula de manipulación de la taquilla: la compra masiva de entradas por parte de los productores. En este caso, fueron condenados a cuatro meses de prisión sustituidos por ocho meses de multa con una cuota diaria de tres euros Juan Manuel Arance y Miguel Bardem, coproductores con su compañía Goodfellas de la película El rey de la montaña. La jueza consideró probado que abonaron a “determinadas exhibidoras” el importe neto de las entradas con el objetivo de “aumentar ficticiamente el número de espectadores”. Gracias a ello obtuvieron una subvención de 198.560,70 euros que “no les hubiera correspondido si no hubieran adquirido las entradas”. Tras la apertura de diligencias, los acusados devolvieron el dinero y reconocieron los hechos, lo que contribuyó a atenuar su pena.
González Macho, a la espera de juicio
Entre los encausados en los procedimientos que están todavía a la espera de juicio está el expresidente de la Academia de Cine Enrique González Macho. El que fuera fundador de las salas Renoir está implicado en dos de estos procesos, por los que suma peticiones de la Fiscalía de cuatro años de cárcel. En ambos escritos, el Ministerio Público lo acusa de haber trasladado al ICAA, a través de su exhibidora Alta Films, un “dato irreal” del número de espectadores que las películas La isla interior y Rosa y negro habían tenido en supuestas sesiones matinales de varias salas de su propiedad.
La Fiscalía asegura que el número de espectadores en esos pases de mañana era “ingente” y superaba incluso a los de la tarde a pesar de no estar anunciadas en ningún sitio. Sin esta práctica fraudulenta, prosigue el Ministerio Público, el productor de La isla interior, Juan Romero Iglesias, sobre quien también recae una petición de prisión de dos años, no habría obtenido 272.695,99 de los 293.326,83 euros de subvención que reclamó al ICAA. Mismo reproche para Edmundo Gil Casas, productor de Rosa y negro, que tampoco habría tenido derecho a 731.972,89 de los 758.675,28 euros de dinero público solicitados. Gil Casas también se enfrenta a una petición de dos años de cárcel. El Ministerio Público mantiene que, en los dos casos, González Macho se puso de acuerdo con los productores para “manipular” los datos de espectadores y recaudación para obtener ayudas públicas más cuantiosas. Y a todo ellos les imputa los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público.
El tercer procedimiento relacionado con el fraude del taquillazo que está a la espera de juicio es el de la película El Discípulo, producida por Ircania, compañía administrada por Emilio Ruiz Barrachina. En su escrito, la Fiscalía mantiene que este productor se puso de acuerdo con responsables de la salas Luchana y Pequeño Cine Estudio, ambas en Madrid, y el cine Casablanca de Valladolid para “incrementar ficticiamente” el número de espectadores de ese filme. Gracias a ello, Ruiz Barrachina accedió a una subvención “indebida” de 548.460,81 euros por la que se enfrenta a dos años de prisión. Los responsables de las citadas salas, también acusados como él de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público, afrontan similares peticiones de cárcel.
El fraude saltó a los medios de comunicación en noviembre de 2015, cuando se hizo público un informe remitido por el Ministerio de Educación y Cultura a la Fiscalía de Madrid en 2012. El origen de ese documento fue una denuncia presentada por trabajadores de una de las salas ante el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el organismo encargado de gestionar las ayudas. Estos empleados habían detectado que las cifras oficiales que se remitían a ese organismo y que este utilizaba para ponderar las subvenciones no se correspondían con la realidad. El sistema se cambió en 2016. Desde ese año, las subvenciones se otorgan a medida que la película va avanzando en su proceso de producción, no de manera automática en función de la recaudación, como se hacía hasta entonces. Los fraudes de aquella época siguen su camino en los tribunales.