Ahora es cuando toca remangarse y estudiar la letra pequeña de las 3.793 enmiendas parciales que los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han presentado a los Presupuestos Generales del Estado. Será en las próximas dos semanas cuando se vislumbre el camino que finalmente escoge el Gobierno y si Pedro Sánchez es capaz de conseguir el apoyo de los aliados de la investidura y sumar además a Ciudadanos. El objetivo es que las cuentas salgan del Senado justo antes de Nochebuena y que el Congreso les dé el visto bueno definitivo el 29 de diciembre para no tener que prorrogar por tercera vez los de Cristóbal Montoro, aunque sea por un breve espacio de tiempo. Solo el PP ha registrado 1.500 enmiendas, pero el Gobierno ya ha dejado claro que priorizará a aquellas formaciones que facilitaron la tramitación de los presupuestos con su rechazo a las enmiendas a la totalidad, entre ellas ERC, EH Bildu y Ciudadanos, partidos que sin embargo mantienen “vetos cruzados” que el Gobierno les pide que levanten. Aunque la negociación está bastante avanzada con algunos de los potenciales aliados del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos tienen ahora por delante la tarea de ir encajando las distintas peticiones de los grupos en el puzle presupuestario. Y entre los propios socios de la coalición hay diferencias, mientras el ala socialista hace guiños a Ciudadanos, Unidas Podemos intenta boicotear cualquier posibilidad de acuerdo con la formación que lidera Inés Arrimadas.
Los propios partidos que sustentan al Ejecutivo han presentado varias decenas de propuestas de cambios muy sectorializados y una autoenmienda a la subida de sueldo del presidente y los ministros que reflejaba el proyecto presupuestario y que fue objeto de críticas. PSOE y Unidas Podemos plantean que queden congelados como lo hicieron los salarios de los diputados y senadores con la aprobación de los presupuestos de las Cortes. Ciudadanos también había registrado esa iniciativa. Más País plantea que la congelación afecte también a la Casa Real, que percibirá en el próximo ejercicio 544.000 euros más que el anterior, aunque desde Zarzuela precisaron que no constituye un aumento de la asignación sino que se trata de una cantidad que ha adelantado para las retribuciones del personal –que se incrementan como las del conjunto de trabajadores públicos– y el correspondiente pago a la Seguridad Social. ERC hace directamente una “enmienda a la totalidad” de las partidas de la Casa Real, Defensa, Interior, Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas como “enmiendas protesta” que da directamente por perdidas.
Unidas Podemos ha sorprendido este martes registrando una enmienda conjunta con ERC y EH Bildu al Presupuesto que ha pactado con el PSOE para que se prohíban los desahucios y cortes de suministros energéticos mientras dure el estado de alarma –una propuesta que también ha registrado Más País–.
Se avecina un nuevo enfrentamiento en el seno de la coalición. Tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, han enfriado la posibilidad que Unidas Podemos trata de introducir a través de esa enmienda conjunta. Montero ha recordado a su socio minoritario que ya tuvieron un “debate muy profundo” en la elaboración de las cuentas públicas y que ahora es el momento de abordar las “pretensiones de los demás”. Calviño, por su parte, aprovechó la rueda de prensa del Consejo de Ministros para recordar las medidas que se han tomado en materia de vivienda y pidió “no mezclar” esa política con la presupuestaria.
Otro de los asuntos que centran la negociación en los últimos días es la eliminación del impuesto al diésel, con el que el Gobierno pretendía recaudar 450 millones de euros, y que sobre todo iba enfocado a la política energética verde. PNV y Ciudadanos reclaman la supresión de esa subida –de hecho los nacionalistas vascos lo dan por hecho en la nota de prensa que han difundido a los medios–. El Gobierno sostiene que llegará a un entendimiento con su “socio preferente” en esta materia. Tras recordar que España es el “quinto país por la cola” en política medioambiental y el tercero con un precio más bajo de ese hidrocarburo, Montero ha admitido: “la realidad de los números y los presupuestos es que tendremos que ceder a cambio de sumar apoyos”. No obstante, Iñigo Errejón ha asegurado que ese incremento resulta clave si lo que se pretende es lograr “unos presupuestos más verdes”.
El PNV aún no da su apoyo por cerrado, aunque reconoce “buena sintonía” en las negociaciones. De hecho, es una de las formaciones con las que ya ha habido conversaciones serias y que incluso se arroga el éxito de haber parado una subida del IVA a la educación y la sanidad privadas, que nunca llegó a plantearse formalmente. No obstante, considera que deben ser asumidas por el Ejecutivo algunas de las restantes 85 enmiendas que ha presentado, muchas de ellas relacionadas con inversiones y políticas para Euskadi, y otras que apuestan por la inversión en I+D+I para proyectos de investigación y energéticos o la formación profesional dual, entre otras.
Ciudadanos, que sigue sentado a la mesa negociando, ha presentado unas 300 enmiendas, entre las que se encuentran algunas que ya ha anunciado el Gobierno, como un plan de protección a la hostelería y el turismo, aunque plantea la creación de un fondo de 20.000 millones de euros en los próximos dos años. También apuesta por la extensión de los ERTE al menos hasta el mes de julio –este es un asunto que el Gobierno aborda en el marco del diálogo social–, la extensión del teletrabajo como fórmula preferente o la bajada del IVA del sector turístico al 4%, además de plantear el aumento de la I+D+I o algunas medidas sanitarias. Inés Arrimadas sostiene que su apoyo está condicionado a que el Gobierno dé marcha atrás en su acuerdo con ERC para retirar el concepto “vehicular” respecto a la enseñanza del castellano en la ley educativa. El PSOE ha dejado claro que no tiene ninguna intención de aceptar esa exigencia dado que la nueva redacción garantiza, a su juicio, el modelo de inmersión lingüística.
ERC también ha registrado unas 320 enmiendas entre las que se incluye una subida de impuestos a las rentas del capital para “que pague más quien más gana”, según ha expresado Gabriel Rufián, además de gravar más el juego online –cuya tributación descendió en los presupuestos que diseñó Montoro en 2018. Esa ha sido una de las propuestas que ha puesto como ejemplo de lo que considera una “incompatibilidad” de Ciudadanos y “la izquierda”. “Queremos recibir de una vez por todas la deuda en cuanto a becas se refiere”, expresó el portavoz republicano que reclama 18 millones de euros para ese fin así como “activar un fondo que lleva más de una década parado” para la inmigración. También plantea una de las promesas de la coalición que se ha quedado en el tintero: la reducción del IVA para los productos de higiene femenina y los pañales. En cuanto a la inversión territorializada, plantea la mejora de la red de cercanías del tren en Catalunya, que ha calificado de “miserable”.
Errejón, por su parte, ha reiterado su propuesta de crear una 'tasa COVID' en la misma línea que hizo durante el confinamiento –y que Unidas Podemos exigió después, aunque ha quedado fuera del acuerdo presupuestario de la coalición–. Ante la decisión del Ejecutivo de retrasar la reforma fiscal, Más País pide “una modificación del Impuesto de Patrimonio para que los más ricos contribuyan más en estos momentos”. Igualmente, apuesta por llevar a cabo en este ejercicio una de las conclusiones de la comisión de reconstrucción para que “aquellas empresas privadas que reciban ayudas públicas o sean rescatadas por el Estado tengan que comprometerse a cumplir condiciones climáticas, de igualdad de género y a no tributar en paraísos fiscales”.
El resto de partidos minoritarios también ha registrado sus enmiendas, en buena medida sobre proyectos que afectan a los distintos territorios. Junts y PDeCAT, que ya mantuvieron una posición distinta en el debate a la totalidad, han presentado enmiendas por separado. El Gobierno cree que puede atraer a los cuatro parlamentarios que rompieron con Carles Puigdemont. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado, por ejemplo, que ya tiene algunas de sus enmiendas negociadas con el Gobierno, al que le toca ahora hacer encaje de bolillos hasta la votación de las más de mil enmiendas de sus potenciales aliados. “Es a partir de ahora cuando empezamos a negociar en base a las enmiendas. No hay acuerdo con ninguna fuerza política de momento”, ha expresado la portavoz socialista, Adriana Lastra, preguntada insistentemente por la posibilidad llegar a un entendimiento con EH Bildu: “A partir de ahora será cuando nos sentemos para sacar adelante los Presupuestos”. Lo que sí ha asegurado es que ve buena disposición por parte de la “mayoría absoluta” del Congreso.