El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) admite que tiene por objetivo evitar que el coste para el contribuyente crezca con las responsabilidades penales que se impongan en el caso Bankia. Pero al mismo tiempo expresa su total voluntad de llegar al final en el proceso judicial. Con estos argumentos, el organismo público se opone a la petición de expulsión del caso realizada por UPyD y otras acusaciones, solicitada bajo la premisa de que no está ejerciendo como tal y que además boicotea la acción del resto de perjudicados personados en la Audiencia Nacional.
En un escrito de 14 páginas, el FROB asegura que es “radicalmente incierto” que su actuación en el caso Bankia tenga otro objetivo que el de “procurar el mayor resarcimiento posible a cargo de quienes resulten ser responsables de actuaciones penalmente relevantes”. En la pieza principal por la salida a bolsa están imputados BFA, Bankia, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. Esto implica que la entidad rescatada con 22.500 millones de dinero público, a través del FROB, debería responder de las indemnizaciones derivadas de una condena. Los analistas consideran que eso volvería dejar a Bankia en una situación de extrema debilidad.
El informe de los peritos designados por el juez concluyó que Rato y su equipo habían maquillado las cuentas de la entidad para salir a bolsa. El juez Fernando Andreu se apoyó en esta conclusión para imponer una fianza civil de 800 millones a los imputados. El FROB, a pesar de ejercer como acusación particular, se opuso presentando una suerte de 'contrainformes' del Banco de España y la CNMV que en ningún caso había solicitado el juez instructor. Esta maniobra resultó ser la gota que colmó el vaso de la acción popular, ejercida por UPyD, que solicitó su expulsión de la causa.
El escrito presentado ahora por el FROB rechazando su expulsión alude a la determinación de posibles responsabilidades pero remarcando en todo momento cuál es su función establecida por ley. “Debe minimizar el coste que para el erario público ha supuesto el proceso de saneamiento de Bankia, tanto recuperando cuantas cantidades tengan obligación de restituir los autores y responsables de perjuicios económicos derivados de los hechos que se instruyen, como evitando la generación injusta de nuevos perjuicios que requieran del FROB la aportación de nuevas ayudas”, dice el abogado del FROB en su escrito.
“Conflicto de intereses”
Para el abogado de UPyD, Andrés Herzog, esto supone “reconocer la existencia de un conflicto de intereses de forma palmaria”. “No se puede defender los intereses generales intentando recuperar las ayudas públicas y velar al tiempo por los intereses de BFA y Bankia. Tiene que optar”, añade Herzog.
Sin embargo, el FROB considera “natural” que esté “atento a asegurar la viabilidad, perennidad y solvencia” de BFA y Bankia y la capacidad de éstas para devolver las ayudas recibidas repartiendo dividendos y también a “maximizar” las cantidades que pueda obtener vendiendo en el futuro las acciones.
El Fondo de Reestructuración está alineado con la Fiscalía respecto al cuestionamiento de los informes de los peritos. Este informe es la base sobre la que se sostiene toda la acusación y rebatirlo podría derivar en el archivo de la causa. Aún así, el abogado del FROB -un letrado que no es abogado del Estado- asegura: “No puede hacerse un cálculo económico interesado para, de manera mecánica, acrítica o infundada, sostener la acusación o el reproche de la imputación si la apreciación de los hechos y el criterio en Derecho de sus representantes o asesores resulta contrario a esa imputación”.
Por consiguiente, el FROB considera “una reducción al absurdo” la petición formal de UPyD que, por esa regla, también podría pedir la expulsión de la Fiscalía de la causa, añade. Además, el FROB saca pecho por su papel de denunciante de la trama de las tarjetas 'black', una vez fue informado por la propia Bankia. En esa pieza se reclaman 15,2 millones de euros, frente a los 22.500 millones de la pieza principal, en la que el FROB rechaza que se imponga una fianza a los imputados de 800 millones.
Este martes concluía el plazo de un mes impuesto por el juez Andreu para que los imputados abonaran de forma solidaria la fianza. En el límite del plazo, Bankia y BFA abonaron los 800 millones en la cuenta del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. A partir de ahora, Bankia y BFA podrán reclamar su parte a Rato y el resto de imputados a los que se impuso la fianza civil.