El 91% de las subvenciones, donaciones y legados concedidos a la Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular entre 2014 y 2018 fueron adjudicadas por gobiernos autonómicos en manos del propio PP o por ministerios y organismos públicos controlados por los populares durante el último Gobierno de Mariano Rajoy. El restante 9% correspondió a la suma de las ayudas que le concedieron la República Dominicana, la Fundación La Caixa, el Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA), el Ayuntamiento de Madrid –dirigido hasta 2019 por el equipo de Manuela Carmena– y otras organizaciones privadas.
La memoria de las cuentas anuales de 2018 –la última publicada– de la fundación en la que el actual líder del PP, Pablo Casado, colocó en 2018 como presidente a Adolfo Suárez Illana, hoy secretario cuarto de la Mesa del Congreso y uno de los fichajes estrella del máximo jefe de los populares, refleja que 6.844.417,18 euros del total de 7.509.888,20 euros concedidos a Concordia y Libertad en esos cuatro años llegaron de administraciones gestionadas por el PP como la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Galicia, Castilla y León, Extremadura –durante el periodo en que estuvo presidida por el popular José Antonio Monago–, La Rioja –gobernada hasta 2019 también por el PP– y el Ayuntamiento de Murcia, o por la administración general del Estado, que hasta junio de 2018 estuvo en manos del partido que hoy preside Casado.
Después de ese periodo de cuatro años (2018-2014), auditado en un documento colgado en la página web de la fundación, los gobiernos del PP siguieron siendo financiadores de Concordia y Libertad. Tal y como informó este miércoles eldiario.es, solo entre 2018 y 2019 la fundación del PP recibió 876.851 euros en subvenciones de administraciones autonómicas y locales gobernadas por el propio PP, entre las que también se encuentran la Comunidad de Madrid –que además de las propias subvenciones da cada año a la fundación 458.000 euros por gestionar dos centros de inmigrantes–, Galicia, Murcia y Castilla y León.
A raíz de esta información, el PSOE en la Asamblea Regional de Murcia registraba este miércoles una solicitud de información en la Mesa de la cámara autonómica exigiendo conocer la “relación completa de todas las subvenciones que hubiera podido recibir por parte de la comunidad” la Fundación Concordia y Libertad.
En 2014, la principal fuente de ingresos públicos de la fundación del PP fue la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), un organismo estatal dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que en ese año dirigía el popular José Manuel García-Margallo. Según las últimas cuentas publicadas, la Aecid concedió entonces a la fundación del PP –que hasta 2018 se llamó Humanismo y Democracia– cuatro subvenciones para cooperación internacional que ascendieron a 4.590.095 euros. El pasado lunes, 29 de mayo, El Confidencial reveló que Laura López de Cerain, alta funcionaria y ex alto cargo de la Aecid, había sido condenada a siete años de inhabilitación por favorecer a la fundación que preside Suárez Illana en proyectos de ayuda al desarrollo. La sentencia considera probado que, en 2014, año en el que Concordia y Libertad recibió la mencionada suma millonaria de la Aecid, López de Cerain cambió las puntuaciones para que esa fundación obtuviera una subvención y que lo hizo “sin que existiera ningún criterio técnico que fundamentara dicha modificación”.
Además de la Aecid, otra de las financiadoras pública de la fundación en 2014 fue la Junta de Extremadura en la que el PP gobernó entre 2011 y 2015. La administración que entonces presidía José Antonio Monago concedió a Concordia y Libertad dos subvenciones –una para cooperación internacional y otra para “sensibilización”– que, en suma, ascendieron a 112.910,04 euros. La Junta de Castilla y León, gobernada entonces también por el PP con mayoría absoluta, se comprometió además a otra subvención en materia de cooperación internacional por 90.115 euros.
Un año después, en 2015, el Ayuntamiento de Murcia, donde los populares gobiernan ininterrumpidamente desde 1995, concedió otra subvención para cooperación internacional a la fundación del PP que ascendió a 17.749,55 euros. En 2016 fue Aguas de Murcia, la empresa municipal de aguas y saneamiento de la capital murciana, la que dio otra ayuda a Concordia y Libertad por 10.000 euros, cuya finalidad, según las cuentas de la fundación del PP, también fue la cooperación internacional.
De nuevo la Aecid fue la principal financiadora de Concordia y Libertad ese 2016. Por un solo contrato de cooperación internacional, la agencia estatal en manos de Exteriores –cartera que ese año Margallo entregó al también popular Alfonso Dastis–, concedió 449.670 euros a la fundación vinculada al Partido Popular. Por la cuantía de la ayuda le siguió el Ayuntamiento de Madrid, que entonces gestionaba la izquierda con Manuela Carmena como alcaldesa. El consistorio aprobó una subvención de 407.276 euros por otro proyecto de cooperación internacional. Asimismo, la Comunidad de Madrid presidida ese año por la popular Cristina Cifuentes concedió dos ayudas a la fundación presidida ahora por Suárez Illana, que en conjunto ascendieron a 121.951 euros.
Por otros dos proyectos de cooperación internacional, la Junta de Castilla y León concedió a Concordia y Libertad otras dos subvenciones en 2016 que, en suma, alcanzaron los 139.300 euros. El Gobierno de La Rioja, gobernado entonces por el PP, aprobó por su parte otra ayuda en materia de cooperación internacional para la fundación vinculada a los populares, cuantificada en 84.722 euros. Además, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) que entonces dirigió la hoy eurodiputada y portavoz del PP español en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, concedió una subvención que en las cuentas de la fundación figura bajo el concepto de “inmigración”, por 65.400 euros. Y la Xunta de Galicia presidida entonces y ahora por Alberto Núñez Feijóo, candidato a la reelección en las elecciones del domingo, concedió otra ayuda a Concordia y Libertad bajo ese mismo concepto de “inmigración” por 8.605 euros.
En 2017 la principal financiadora pública de la fundación que actualmente preside el hijo del primer presidente de la actual etapa democrática fue la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, dependiente de Exteriores y, por tanto, del último Gobierno de Mariano Rajoy. Bajo el concepto “Internacional, Formación, Estudios y Reflexión”, así figura en las últimas cuentas anuales de Concordia y Libertad, dicho organismo del Estado concedió a la fundación una subvención de 496.890 euros. Otro ministerio, el de Educación, Cultura y Deportes, cuyo ministro era entonces Íñigo Méndez de Vigo, dio otra ayuda a la fundación del PP por valor de 371.051 euros.
Asimismo, la Junta de Castilla y León presidida entonces por el popular Juan Vicente Herrera aprobó en 2017 otras dos subvenciones para Concordia y Libertad, dirigidas a sendos proyectos de cooperación internacional. En total, sumaron 95.629 euros. Y bajo la finalidad de “acción social”, la Comunidad de Madrid, gobernada también por el PP, concedió a la fundación de los populares una ayuda de 43.274 euros.
Un año después, en 2018, la administración madrileña otorgó otra subvención a Concordia y Libertad por un proyecto de cooperación internacional que ascendió a 50.000 euros. Madrid también aprobó otra en materia de “inmigración” por 43.274 euros. La Región de Murcia, por su parte, concedió otra ayuda a la fundación del PP por otro plan de cooperación internacional cuya cuantía fue de 25.000 euros, y el Ayuntamiento de Murcia financió otro proyecto de Concordia y Libertad con 3.219 euros. En 2018, la Junta de Castilla y León concedió a la fundación una ayuda más, que ascendió a 2.500 euros.
El vicepresidente es Teodoro García Egea
Como explica la organización en sus últimas cuentas anuales, “con fecha de 2 de abril de 2017 el patronato de la Fundación Humanismo y Democracia aprobó por unanimidad la vinculación formal de la fundación al Partido Popular, con sujeción a la ley de partidos”. Desde entonces, quien ocupa la Secretaría General del PP es también el vicepresidente primero de la fundación. Entre 2017 y 2018 ese cargo lo ocupó, por tanto, la entonces secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. Tras el triunfo de Casado en las primarias y la remodelación de la cúpula popular, el vicepresidente primero de la fundación es el actual secretario general, Teodoro García Egea.
En las citadas cuentas anuales, correspondientes al año 2018, también se remarca que a fecha de 20 de diciembre de 2018 y “a propuesta de su presidente”, que ya era Suárez Illana, el patronato de la fundación aprobó el cambio de denominación de H+D por Fundación Concordia y Libertad. En octubre de ese año, Casado había anunciado la creación de dicha fundación –aunque en realidad solo se trató de un cambio de nombre– a bombo y platillo en una rueda de prensa en la que también nombró como presidente al hijo del primer presidente de la actual etapa democrática.
La Fundación Concordia y Libertad pretendía ser, según Casado, el “centro” en el que “la sociedad civil de centro derecha” tuviera su sitio. Según anunció entonces el líder del PP, “no hay nadie que pueda ejemplificar mejor con su legado profesional y personal” esa concordia y esa libertad como Suárez Illana. Este último aseguraba, por su parte, que la fundación que preside “no es del PP sino de la sociedad a la que sirve”. Además, justificaba su nueva responsabilidad en que “la concordia y la libertad tal y como se concibió en la Transición está seriamente amenazada”.
En realidad, H+D –ahora llamada Concordia y Libertad– fue la fundación de referencia del PP desde abril de 2017. La FAES de José María Aznar había roto con los populares en octubre de 2016 y el partido, en manos de Mariano Rajoy, vinculó esta sociedad creada en 1977 y con la que mantenían una “relación de afinidad”. El objetivo de la integración de la fundación en el partido era que el PP siguiera optando a subvenciones públicas que, tal y como explicó eldiario.es en enero de 2019, ascendieron a casi 20 millones de euros de dinero público en seis años, entre 2010 y 2015.