El operativo coordinado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara Cifuentes, la misma de la operación Carioca, ha roto los esquemas de las formaciones políticas, en especial del PSOE gallego y, en menor medida, del PP. A la detención del alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, se unió más tarde la del regidor de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, pero nadie duda de que los posibles daños electorales que se deriven de esta investigación serán mucho mayores en las filas del principal partido de la oposición.
Este sábado por la mañana Francisco Rodríguez ha entrado en los juzgados de Lugo para ser interrogado por la juez Pilar de Lara. El viernes por la tarde el alcalde de Ourense sufrió una indisposición en los calabozos de la comisaría de Pontevedra, con dolores de cabeza y bajada de tensión, que hicieron necesaria la asistencia médica. Su abogado ha exigido el parte médico y ha criticado el largo periodo que el regidor pasó detenido antes de ser interrogado, rozando las 72 horas que fija la ley como máximo.
Este sábado por la mañana se ha convocado además una concentración en la Plaza Mayor de Ourense para defender la inocencia del alcalde “y apoyarlo en estos momentos”.
En total son más de 50 personas las involucradas en la operación. Hay trece detenidos pero en los próximos días se producirán nuevas detenciones y fuentes de la investigación aseguran que el número de imputados puede superar las treinta personas. Adolfo Gacio, alcalde popular de Boqueixón, fue interrogado el viernes. Gacio ha quedado en libertad bajo fianza de 10.000 euros, y está imputado por seis delitos, entre ellos cohecho, prevaricación y blanqueo de dinero.
Vendex, beneficiaria de concesiones públicas
La base de la operación, derivada de las investigaciones del caso Carioca y producto de numerosos pinchazos telefónicos realizados en los últimos meses, está en la actividad del Grupo Vendex. Vendex es un conglomerado de más de 30 empresas que realizan servicios de mantenimiento y gestión para entidades públicas en todo el Estado a través de diversas sociedades, como PALO, Doal o Semat y que se han aprovechado de la tendencia creciente a externalizar la gestión de casi todos los servicios municipales. Algunos de sus contratos más lucrativos corresponden a la gestión de residuos en Burgos y Sabadell.
En Galicia, su trabajo se centra en las zonas de estacionamiento de la ORA y la limpieza de colegios y recintos deportivos. La lista casi no tiene fin y afecta a ayuntamientos e instituciones gobernadas tanto por el PP como por el PSOE. Lugo (cursos de natación, servicio de información turística del Centro de Interpretación de la Muralla), Ourense (zona ORA), Santiago (servicio de guardería y polideportivos), Ferrol (gestión del teatro Jofre y del centro cultural Torrente Ballester), A Coruña (servicio de limpieza y de conserjería), Boqueixón (ayuda a domicilio) o Arteixo (servicio de grúa y ayuda a domicilio) trabajan con las sociedades de Vendex. También la Xunta le concedió la gestión del acuario del Museo del Mar de Vigo.
“Sospechas”
La operación también ha generado criticas por el momento escogido, sobre todo en las filas socialistas. Una de las denuncias más extendidas alude a que la juez Pilar de Lara ya disponía en junio de todos los datos para llevar a cabo la operación.
Fuera de micrófono o públicamente, son varios los dirigentes políticos que aseguran “creer en la independencia judicial, pero no tanto en las casualidades”. Así se manifestó, por ejemplo, José Ramón Gómez Besteiro, presidente socialista de la Diputación de Lugo. Incluso así fue más cauto que Xosé López Orozco, implicado –sin consecuencias finales– no hace mucho tiempo en la operación Campeón y que tampoco parece creer demasiado en que sea el azar quien determine que las detenciones y el revuelo mediático que rodea estas operaciones acontezcan siempre cerca de una convocatoria electoral. “No conozco los tiempos de la Justicia ni me meto en eso, pero sí que tengo claro que también sucedió en las elecciones del 20 de noviembre y el día que yo iba a anunciar que había sido elegido presidente del PSdeG-PSOE”, dijo el alcalde de Lugo.
Cerca de aquellas elecciones generales, el protagonista judicial había sido José Blanco, involucrado en la operación Campeón por la juez Estela San José, también de Lugo. Que la juez que se encarga de la operación actual –que investiga diversos delitos como soborno, prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o tráfico de influencias– esté casada con un cargo del PP de Lugo añade aún más sospechas, algunas expresadas claramente y otras de forma personal por varios dirigentes políticos de la oposición.
Laura Seara, diputada del PSdeG-PSOE en el Congreso, cree que la detención de Francisco Rodriguez un mes antes del 21-O no es “casual”, mientras que Ana Pontón, parlamentaria del BNG en el Hórreo, espera que detrás de la operación “no haya intereses más allá de los estrictamente judiciales”. Alternativa Gallega de Izquierdas (AGE) recuerda que “no sería la primera vez que se utiliza la acción de la justicia como arma en fechas previas a un proceso electoral”.
Entre los políticos, también son claros los reproches a la metodología empleada por la juez, a la que critican que haya dejado incomunicado y sin declarar al alcalde de Ourense durante más de dos días.