El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y su contestada ley de tasas han generado el caos en el mundo judicial en donde las dudas han sido la tónica dominante del día después de la aprobación de la polémica ley. Los juzgados no tenían claro esta mañana cómo, cuánto y a quién cobrar el nuevo tributo. Incluso, el Ministerio de Justicia remitía este jueves una circular a todos los secretarios judiciales pidiéndoles que incumpliesen temporalmente la ley, ya en vigor desde su publicación en el BOE.
Las herramientas para evitar la confusión generada por el equipo de Gallardón fueron previstas por el Consejo de Estado en el informe que redactó el pasado 17 de julio. Este órgano consultivo propuso una disposición transitoria para no cobrar en todos aquellos procesos ya en marcha. Gallardón prefirió hacer caso omiso.
El dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso eldiario.es, es claro en la advertencia de problemas al señalar que “el carácter inmediato con el que se prevé la publicación de la ley hace dudar sobre la forma en que será posible su efectiva puesta en marcha”.
Para ello, el consejo de Estado propuso en julio: “En aras del principio de seguridad jurídica, se sugiere la introducción de una disposición transitoria que prevea el fin de los procedimientos en curso con arreglo a las normas vigentes en el momento de interposición de la demanda”.