El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha recordado hoy a la Generalitat catalana que, al igual que todas las instituciones, su legitimidad nace de la Constitución y que, por lo tanto, está obligada a acatarla.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Ruiz-Gallardón ha emplazado al Gobierno catalán a abordar cualquier problema político “desde la máxima lealtad institucional” y siempre dentro de las normas del Estado de Derecho.
Ha sido después de conocerse que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno central contra el acuerdo del Parlament catalán del pasado 23 de enero, en el que defendía que Cataluña es “sujeto jurídico y político soberano”, y lo ha suspendido provisionalmente.
Gallardón ha defendido la Constitución y ha subrayado: “Nos obligan a todos, pero nos garantizan también el ejercicio de nuestros derechos”.
Ha reiterado además que todas las instituciones tienen la obligación de acatar la Constitución, y máxime aquellos cuya legitimidad nace precisamente de ella, como el Gobierno, la Generalitat o el Parlament.
Por eso, ha considerado que si hay un proyecto político que entra en conflicto con la Constitución, como el derecho a decidir, lo que debe hacerse es plantearlo legalmente mediante una propuesta de reforma de la Carta Magna.
Vigente la Constitución, ha añadido, no se pueden llevar a cabo actuaciones de carácter ejecutivo o parlamentario que “no sean conformes con la misma”.
El ministro no ha querido hacer evaluaciones de carácter jurídico sobre la decisión del TC y se ha limitado a señalar que ahora hay que esperar a que decida definitivamente sobre el tema, una vez admitido a trámite el recurso.