El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado una providencia en la que ordena dar marcha atrás en las diligencias ordenadas a la Policía para que investigara las cuentas de algunos fundadores de Podemos y empresas vinculadas a los mismos y que la Fiscalía y la Sala de lo Penal consideraban medidas “extremadamente prospectivas” contra personas físicas y jurídicas que ni siquiera figuraban como investigadas en la causa que reabrió contra la formación política el citado instructor en el otoño de 2021.
Con esta providencia, García Castellón acata la orden de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, adelantada por elDiario.es, y archiva la causa secreta contra las citadas personas. García Castellón había utilizado una causa sobreseída provisionalmente, en base a unos recortes del informe de la brigada política del PP denominado PISA, para incluir ahí unas afirmaciones del exmilitar venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal sobre la supuesta financiación de Podemos por el Gobierno de Hugo Chávez.
Los magistrados de la Sección Tercera, que preside Alfonso Guevara, ya se habían pronunciado en este sentido en un contundente auto anterior en el que dejaban la puerta abierta a que García Castellón tratara de averiguar si las declaraciones del ‘Pollo’ Carvajal y de otras dos personas a las que el juez había concedido el estatuto de testigos protegidos podían tener veracidad. Fue el resquicio que García Castellón utilizó para volver a ordenar una investigación en el mismo sentido de la que ya se le había advertido que estaba prohibido emprender.
A este respecto se refieren los jueces de la Sección Tercera, que consideran que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, “amplía artificiosamente” su investigación “prospectiva” para intentar sortear los límites legales respecto a los no investigados fundadores de Podemos como Juan Carlos Monedero, Jorge Lago, Carolina Bescansa y Ariel Jerez.
De acuerdo a los postulados de la Fiscalía, de los que informó el viernes elDiario.es, los jueces advierten de que el juez pretendía invadir derechos fundamentales, rastreando ingresos bancarios de personas físicas y jurídicas, o los desplazamientos de Juan Carlos Monedero a Venezuela, sin figurar ninguno de los citados como investigados en la causa.