El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha decidido alargar el conocido como 'caso Dina' y ha denunciado a la denunciante, Dina Bousselham, y a su expareja, Roberto Sa Ferrerira, por falso testimonio ante los juzgados de Madrid. El instructor, que investiga desde hace tres años el robo del teléfono de la exasesora de Pablo Iglesias y la difusión de su contenido, entiende que tanto Bousselham como su expareja han faltado a la verdad varias veces a lo largo del procedimiento en sus declaraciones y deja una hipotética imputación en manos de los jueces de Madrid, competentes para investigar este tipo de delitos.
García Castellón toma esta decisión a petición de una acusación popular próxima al PP, Pro Lege, que ejerce la acusación en varias causas contra el Ejecutivo central y formaciones de izquierdas. La deducción de testimonio del magistrado de la Audiencia Nacional parte en dos direcciones: hacia los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid por, supuestamente, faltar a la verdad en sus declaraciones en la pieza 10 del caso Tándem, pero también a los juzgados de la localidad de Alcorcón por denuncia falsa, supuestamente, en la denuncia del robo de su teléfono, cuyo contenido fue difundido por varios medios de comunicación. La Fiscalía considera que la principal hipótesis es que la “organización de Villarejo” estuviera detrás de la filtración.
El juez, que ya intentó sin éxito llevar a Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo por diversos delitos, se hace eco en su auto del escrito con el que intentó que se investigara al entonces vicepresidente segundo del Gobierno, para justificar su petición de que se investigue a Bousselham y Ferreira: “Coherentemente a los razonamientos transcritos, plasmados en la exposición razonada, debe accederse a la solicitud” de Pro Lege, dice el magistrado después de reproducir a lo largo de 20 páginas su propia exposición razonada.
En dicha exposición razonada, García Castellón alude al cambio de versión de Bousselham acerca del estado de la tarjeta cuando la recibió de manos de Pablo Iglesias, meses después de que los responsables del Grupo Zeta se la hubieran entregado a éste. En un principio, la excolaboradora de Iglesias dijo que sí puedo acceder a ella y luego aseguró que no podía y que su novio recurrió a una empresa extranjera para recuperar su contenido.
La Fiscalía: sus “vaguedades” no afectan a la causa
Garcia Castellón adopta la decisión de enviar el caso a Plaza de Castilla en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, los fiscales del caso Tándem, Miguel Serrano y César Rivas, ponen de manifiesto las “vaguedades contradicciones (sic) de sus versiones sobre los hechos”, en referencia a Bousselham y Sa Ferreira, pero añaden: “No cabe considerar que con ello se haya alterado de ningún modo el resultado de la instrucción, puesto que con el resultado del informe pericial sobre el origen de los daños de la tarjeta resulta inviable para la atribución a Pablo Iglesias Turrión de un delito de daños informáticos”.
Además, añaden los fiscales, “resulta altamente previsible que ambos testigos tengan que declarar en el juicio oral sobre los mismos hechos”, por lo que recuerdan a García Castellón que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no considera procedente “proceder por un delito de falso testimonio contra los citados testigos”. En un tuit, el dirigente de Podemos Juanma del Olmo reaccionó a la decisión de García Castellón preguntándose si “está ejerciendo el juez su labor de forma corrupta”.