García Castellón archiva la causa contra Esperanza Aguirre por la caja B del PP de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha archivado la causa contra la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en la causa por la financiación irregular del PP de Madrid, que se investiga en el marco del caso Púnica. García Castellón ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado en la pieza 9, también conocida como caja B del PP de Madrid, dejando fuera a Aguirre y proponiendo juzgar al que fuera mano derecha de la expresidenta, Francisco Granados, y al gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, entre otros. De nuevo, subordinados de Aguirre enfilan el banquillo mientras ella se libra.

En total, el juez propone juzgar a ocho personas, la mayor parte colaboradores estrechos de Aguirre en el ejecutivo regional junto con empresarios, pero no estarán ni la expresidenta ni su sucesor, Ignacio González. El juez,deja fuera del juicio a 71 personas entre ellas a los exconsejeros Manuel Lamela, Juan José Güemes, Salvador Victoria y Lucía Figar, además de por ejemplo los empresarios Javier López Madrid y Juan Miguel Villar Mir. A diferencia del resto, para Salvador Victoria la Fiscalía sí pedía el procesamiento.

Sobre Aguirre, el juez vuelve a hablar de desconocimiento de los delitos. “Tras las instrucción llevada a cabo no ha podido acreditarse que la misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”, dice el juez en relación a los trabajos de promoción en Internet que se pagaron irregularmente con dinero público y por los que sus subordinados sí tendrán que responder.

En un confuso párrafo, García Castellón habla de dos de las campañas electorales analizadas en la pieza (las autonómicas de 2007 y 2011) y de su presunta financiación irregular. “Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hecho delictivos objeto de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electorales asociados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos”, recoge el auto.

El juez García Castellón se detiene en una llamada interceptada a Ignacio González en la que Aguirre le dice que es posible que se hubieran pasado del límite que marca la ley para gastar en campaña, pero que la financiación extra no había llegado por Fundescam. Así, dice el juez que esta afirmación “pudiera revelar que la misma podía sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral, pero igualmente revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo”.

La Comunidad de Madrid cambió su organización para que todos los contratos de publicidad pasaran por la Dirección General de Medios de Isabel Gallego, subordinada directa de Aguirre. De nuevo, el juez frena la responsabilidad de las irregularidades en alguien por debajo de Aguirre porque, según él, no consta que ese cambio fuera una decisión de la presidenta autonómica “con fines delictivos”. “Ninguna de las personas que respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma participase en procedimientos de contratación con las mesas de publicidad”, añade.

García Castellón resume que el poder omnímodo que detentó Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid no es indicios suficiente para proponer juzgarla. “El genérico hecho de que, en tanto presidente de la CAM tenía un control absoluto de todo lo que sucedía, resulta claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal por hechos concretos”.

Una pieza adelgazada

La causa, una vez dictado el auto de procesamiento, se dirige contra Francisco Granados, Beltrán Gutiérrez, el exconsejero Borja Sarasola, Diego Mora, el empresario Alejandro de Pedro, el exalto cargo del Gobierno de Ayuso, Francisco Lobo, Isabel Gallego, el informático José Martínez Nicolás así como las empresas EICO y Madiva.

En su auto, el Partido Popular debería responder por la contabilidad de las elecciones autonómicas de 2011. Las contabilidad presentada ante la Cámara de Cuentas “no respondía a la realidad de lo sucedido” y los acusados buscaron “empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos”. Hace máximo responsable a Francisco Granados del manejo de dinero en efectivo en el partido regional junto con Beltrán Gutiérrez. Ellos, dice el juez, desarrollaban este trabajo de ejercer como nexo entre los empresarios y el Partido Popular de Madrid y lo habían hecho con los distintos dirigentes de la formación. También detecta irregularidades en las campañas de 2007 y 2008 pero entiende el juez que esos posibles delitos están prescritos.

La exculpación de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción presentó en julio un informe de conclusiones en el que también dejaba fuera a Aguirre. Las conclusiones de Anticorrupción no llevaban la firma de ninguna de las dos fiscales que han trabajado en el caso en los últimos años por desacuerdos con su contenido, entre ellos la exculpación de Esperanza Aguirre, según fuentes del caso.

En su escrito, Anticorrupción acusa al Partido Popular de financiar irregularmente la campaña electoral de Esperanza Aguirre en 2011, cuando revalidó su mayoría absoluta como presidenta de la Comunidad de Madrid, entendiendo que hechos similares de las elecciones de 2007 y 2008 estarían prescritos.

Esa acusación puso encima de la mesa un cortafuegos para dejar a Aguirre fuera del juicio después de haber sido imputada. Ha solicitado el procesamiento, por estos hechos, de dos de sus colaboradores pero no el de la expresidenta: Beltrán Gutiérrez y Francisco Granados, por delitos electorales, de tráfico de influencias y en el caso de Granados también cohecho. En esa época, Francisco Granados era la mano derecha de Esperanza Aguirre en la administración pública madrileña.

Aguirre pudo “sospechar o intuir”

La Fiscalía reconoció en su escrito que Esperanza Aguirre podía “sospechar o intuir” que los límites del gasto electoral de sus campañas estaban superando los listones legales, pero rechazó que lo supiera de forma fehaciente. En una conversación con Ignacio González en la que hablan de la fundación Fundescam, clave en la supuesta financiación irregular del PP, Aguirre dijo: “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado”, pero eso según el fiscal demuestra que “no tenía conocimiento de cómo había sucedido”.

En ese escrito también se solicitaba el procesamiento de diversos cargos públicos como el exdiputado Borja Sarasola y el exconsejero Salvador Victoria por delitos asociados a las campañas de reputación online pagadas, supuestamente, con dinero público para favorecer a políticos del Partido Popular. La Fiscalía explicó en su escrito que, aparte de estos procesamientos que solicita, la macrocausa de Púnica incluyó a más de 150 personas que llegaron a estar imputadas o identificadas en la causa y que ahora, casi una década después de la apertura del caso, solicita el archivo contra ellos. Una de ellas Esperanza Aguirre.