Las decisiones adoptadas en el último mes por el juez Manuel García-Castellón han convertido al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el protagonista de una de las ramificaciones del caso Villarejo, la macrocausa que investiga desde hace tres años a la organización criminal dirigida por un comisario que, en en su último periodo activo en la Policía, integró la brigada política que atacó a Podemos desde el Ministerio del Interior.
En el regreso de la actividad a los juzgados tras el paréntesis por la crisis sanitaria, García-Castellón ha establecido como prioridad resolver qué hizo el político con la tarjeta del móvil de su antigua colaboradora o una copia, con independencia de que Villarejo guardara otra y tres medios publicaran parte de su contenido, según recogió un informe de Asuntos Internos. En las últimas semanas el magistrado ha activado la cooperación jurídica internacional para que declaren dos técnicos de Reino Unido por los que pasó la memoria del teléfono; y ha ordenado, Dina Bousselham, hoy directora del medio La última hora y en su día colaboradora de Iglesias en el Parlamento Europeo, que abandone a la abogada que comparte con el líder de Podemos.
El magistrado se había apoyado en los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para atribuir dos posibles delitos a Pablo Iglesias por la retención injustificada del contenido del móvil durante meses y el daño al dispositivo que le habían entregado los responsables del desaparecido grupo de comunicación Zeta, propietario en aquel momento de la revista Interviu. Hasta que el Ministerio Público concluyó que no hay reproche penal posible porque la supuesta afectada, Dina Bousselham, exculpa a Iglesias de cualquier perjuicio. Desde entonces, García-Castellón ha comenzado a actuar sin informar a los fiscales del caso, como ha ocurrido con la orden internacional remitida a Reino Unido, o directamente en contra de su criterio, al ordenar el cambio de abogada para Bousselham.
El vicepresidente de Asuntos Sociales y agenda 2030 está aforado ante el Tribunal Supremo y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no puede atribuirle la condición de investigado, pero insiste en investigar unos hechos que, según el relato que él mismo hace en sus últimos autos y providencias, presentan a Pablo Iglesias como único sospechoso.
El juez ha rechazado las últimas peticiones de la Fiscalía para que vuelva a citar a la que fuera asistente personal del secretario general de Podemos, pese a que Dina Bousselam ha mandado un escrito al juzgado exonerando a su antiguo jefe. En su auto del pasado viernes, García-Castellón acusa a la Fiscalía de pretender “exculpar” a Iglesias pese a que fue Anticorrupción quien lideró las pesquisas y calificó los delitos que se le podían atribuir al político en el caso de que Bousselham le acusara.
Todo está en la pieza 10, un apéndice menor de las más de treinta que componen el caso Villarejo si se compara con las que investigan los encargos al comisario por parte del BBVA o su participación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Uno de los motivos de que no hubiera tenido hasta ahora una gran trascendencia política es que el juez y la Fiscalía consideraron que no era el marco procesal para ahondar en las maniobras policiales que padeció Podemos durante el último Gobierno del PP.
Este es un recorrido por la pieza bautizada periodísticamente como Dina, desde que se abrió con Iglesias de perjudicado y siendo líder de la tercera fuerza política del país, hasta el giro que coincide con la etapa de mayor crispación política a cuenta de la crisis sanitaria, ya con Podemos en el Gobierno y el señalado como sospechoso portando la cartera de vicepresidente de España.
Información robada y una campaña electoral
Es 27 de marzo de 2019 y queda un mes y un día para las elecciones generales. Esa mañana comparece el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la Audiencia Nacional citado por el juez del caso Villarejo. Entre la documentación incautada al comisario ha aparecido una copia del móvil de su antigua asistente Dina Bousselham, quien había denunciado el robo del terminal en el Ikea de Alcorcón en noviembre de 2015.
Iglesias explica al juez y los fiscales que Okdiario publicó información procedente de ese móvil, perjudicial para él y el partido, justo cuando Podemos hacía una oferta de Gobierno de coalición al PSOE. El líder del partido afirma que era la tercera vez que ocurría algo similiar ese 2016 con la intervención de la brigada política que todavía operaba en ese momento en el Ministerio del Interior y el medio de Eduardo Inda, aunque luego la Policía constataría que información del móvil también fue publicada en El Mundo y El Confidencial.
Al finalizar, el juez Manuel García-Castellón se dirige a Iglesias y le dice: “Me alegro de que lo haya explicado usted así, tan bien, porque yo lo he entendido. Efectivamente, en el procedimiento que aquí se sigue, y que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo, aparecen indicaciones del Ministerio del Interior muy serias”. El instructor ofrece a Iglesias personarse en la pieza 10 del caso Tándem como perjudicado por la actuación del comisario.
Justo antes que Iglesias ha declarado Dina Bousselham, quien reconoce a García-Castellón que ocultó a los policías del caso Villarejo y al juzgado que investigaba el robo en Alcorcón que había recuperado un dispositivo con el contenido de la tarjeta, sin que de momento esté acreditado si es el original o una copia. Ella entrega el dispositivo ese día en la Audiencia Nacional advirtiendo de que no se puede acceder a su contenido. Era marzo de 2019 y los fiscales y el juez ya saben que Iglesias se quedó con el material un tiempo y que le entregó a Bousselham el dispositivo dañado, según la versión de ella, pero eso sin embargo no afecta durante quince meses a la condición de perjudicado de Iglesias. Tras la declaración de ambos aparecen las primeras informaciones periodísticas apuntando a que la Audiencia Nacional investiga el asunto de la tarjeta como una actuación de la brigada política de la Policía.
El líder de Podemos había reaparecido cuatro días antes, tras tres meses con el permiso de paternidad, con las encuestas augurando un descenso en los apoyos a la formación morada. En la madrileña plaza del Reina Sofía, uno de los escenarios habituales de los mítines de Podemos, Iglesias expone una feroz autocrítica por los enfrentamientos internos y lanza un mensaje de movilización y cohesión a militantes y seguidores. Aquel “van a por nosotros” se llenaría de sentido días después, al conocerse la existencia de una investigación en el caso Villarejo por la difusión de un chat interno de Podemos cuyas capturas procedían del móvil robado a su colaboradora.
Un sobre anónimo, Interviú y la llamada del comisario
La investigación empieza por Villarejo. El comisario declara, como investigado, que fue el director de la desaparecida revista Interviú Alberto Pozas quien le entregó la copia que aparece en los registros de su domicilio. El juez llama a declarar como testigo al periodista, que en ese momento es responsable de Información Nacional en Moncloa dentro del equipo del presidente, Pedro Sánchez. Pozas deja su cargo en el Gobierno y en una segunda declaración, ya como investigado, reconoce ante el magistrado que le entregó la memoria al policía, por entonces en activo, y añade que lo hizo junto a su subdirector Luis Rendueles.
El relato de ambos ante el juez coincide en que la tarjeta llega de forma anónima a la revista a principios de 2016 y que, por su contenido, documentos de escaso interés periodístico, proponen a Antonio Asensio Mosbah, presidente de Zeta, que se la entregue a Iglesias, al considerarle el principal afectado en caso de que se difundiera su contenido. El secretario general de Podemos acude el 20 de enero de 2016 a la sede del grupo, visiona en solitario durante cuarenta minutos su contenido y se lleva el dispositivo, no sin antes trasladar su agradecimiento a Asensio. Así lo confirma Iglesias ante el juez en su declaración de marzo de 2019.
Pero la revista se había quedado con una copia, según afirma Pozas, casi de forma accidental al volcarla en un ordenador para su primer visionado. Unos días después de haber recibido el contenido de la tarjeta, sorprendentemente, el comisario Villarejo llama a los periodistas de Interviú. Les dice que sabe el material que obra en su poder y se lo reclama, sin que quede claro por sus declaraciones si eso ocurre antes o después de que se le entregase una copia a Iglesias.
Alberto Pozas declara al juez que en ese momento se trataba de un comisario “prestigiosísimo”, destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Polícía. Rendueles añade que atendieron la petición porque se lo tomaron como un “requerimiento policial”. Se citan en el restaurante Txistu en Madrid y los periodistas le entregan la copia. Por el testimonio de los tres investigados, el encuentro debió de producirse en los primeros días de febrero de 2016 aproximadamente. En ese momento Villarejo ya se ve salpicado por el escándalo de su abultado patrimonio, su implicación en el caso de acoso a la doctora Pinto y las maniobras policiales contra el proceso soberanista.
¿Por qué retuvo la memoria Pablo Iglesias?
En los meses que transcurren hasta julio, cuando Okdiario publica las primeras capturas sobre un chat interno de la dirección de Podemos, Iglesias guarda la copia de la tarjeta o su original, una cuestión todavía sin resolver, en un cajón y no le hace entrega de la misma a Dina Bousselham. Al darle en mano el dispositivo de memoria, el dueño de Zeta le había dicho que contenía material de su “pareja”. Ante el juez, Iglesias atribuye el error de Antonio Asensio a que en aquella época ya se había publicado “falsamente” un noviazgo entre él y su asistente.
eldiario.es ha preguntado a Podemos por la razón que llevó a Iglesias a guardar durante al menos seis meses el pendrive en su poder y a no compartir su contenido con la dueña del teléfono del que procedía. Fuentes autorizadas del partido han explicado que una vez entregada la tarjeta a Iglesias, el secretario general quiso ahorrar a Bousselham la “angustia” de pensar que quizá las fotos íntimas que contenía se pudieran publicar, en el caso de que Asensio no le hubiera dicho la verdad o si había más copias. En cuanto Okdiario comienza a publicar el contenido del móvil, añaden las mismas fuentes, Iglesias entiende que mantener esa protección ya no es posible y decide informar a Dina y darle la tarjeta.
Esos meses que guardó Iglesias la memoria digital y el hecho de que Dina Bousselham declarara en marzo de 2019 que estaba dañada cuando se la entregó son los elementos que hacen sospechar a Anticorrupción de Iglesias, quien había recibido el dispositivo de Interviú en perfecto estado, según su propio testimonio. Pese a a esas sospechas, el volumen de la causa contra Villarejo y la gravedad de los delitos que en ella se investigan, sumado al carácter secundario de los hechos en torno a la tarjeta de Bousselham, ralentizan la investigación sin que ello inquiete a sus responsables. Entre la declaración de Iglesias y Bousselham y el resultado del informe encargado a la Policía Científica sobre la tarjeta pasan diez meses.
En enero de 2020, los especialistas policiales informan al juez de que efectivamente la memoria está dañada y añaden que, en contra de lo declarado por Bousselham nueve meses antes, ella había hecho los pantallazos que habían publicado Okdiario, El Mundo y El Confidencial y que aparecen en una carpeta denominada “Sent” (enviado, en inglés).
De regreso del confinamiento, la Fiscalía solicita volver a llamar a declarar a Boussselham y el juez así lo acuerda. Fuentes del caso justifican retomar la investigación en esta dirección porque la defensa de Pozas y Rendueles reclama el archivo de la causa contra ellos y se hace necesario aclarar todos los extremos antes de adoptar una decisión. García-Castellón toma las riendas del interrogatorio a Bousselham hasta conseguir que la excolaboradora de Iglesias reconozca que ella hizo los pantallazos y que pudo enviarlos a terceros, si bien asegura no recordarlo. Los dos periodistas de Interviú continúan imputados por revelación de secretos.
Eso sirve para que Anticorrupción y el juez que concluyan que si ella ha enviado a terceros material como el que acaba siendo publicado ya no se puede establecer que sea material robado y, por tanto, no hay delito del que pueda resultar perjudicado Pablo Iglesias, por mucho que las informaciones de los tres medios supusieran un revés para él y el partido. Villarejo deja así de ser el único sospechoso de haber entregado el material a los medios y pasa a un segundo plano. A diferencia de lo que hizo con Pozas y Rendueles, García-Castellón nunca llamó a declarar a los periodistas que publicaron información como la incluida en el móvil robado, pese a las peticiones reiteradas de la abogada de Iglesias y Bousselham.
La Fiscalía y el juez mantienen una tesis que éste último vuelve a deslizar en un auto de esta misma semana: Iglesias se quedó con la tarjeta al recibirla porque comprobó que las capturas del chat estaban realizadas por Dina Bousselham y cuando decidió devolvérsela ya estaba destruida, de tal forma que con ambas acciones evitaba que ella pudiera difundir su contenido. “Puede ser la clave para entender no solo por qué Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la señora Bousselham, sino lo más relevante; el estado en el que se la devolvió”, escribe el juez. De acuerdo con Anticorrupción, el juez retira al líder de Podemos la condición de perjudicado.
García-Castellón acostumbra a reiterar en sus escritos algunas de las frases publicadas por Okdiario procedentes de conversaciones privadas contenidas en el móvil robado y que escribe Pablo Iglesias. Lo hace en sus autos con entrecomillados escogidos de esas conversaciones, tales como el que vierte el líder de Podemos sobre la presentadora de televisión Mariló Montero, que el propio Iglesias calificó de “soez” ante García-Castellón y por el que se disculpó en público. “La azotaría hasta que sangrase… esta es la cara B de lo nacional popular… Un marxista algo perverso convertido en psicóptata”, replica el magistrado aquellos mensajes de Iglesias que figuraban en los pantallazos a lo largo de sus autos.
Arranca la investigación del juez en solitario
El 22 de mayo pasado, la Fiscalía Anticorrupción presenta un escrito a modo de conclusión. Expone el recorrido del caso y califica los dos delitos de los que es responsable a modo indiciario Pablo Iglesias: revelación de secretos y/o daños informáticos. Respecto del primero, castigado con entre seis meses y tres años de cárcel, los fiscales aluden al artículo del Código Penal que declara extinguida la responsabilidad penal “por el perdón del ofendido”. En cuanto a los daños informáticos, castigado con pena de multa, los fiscales recuerdan que figura entre los que “sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada”.
Y añaden: “Consta en las actuaciones que la perjudicada Dina Bousselham ha comparecido en la presente causa siempre junto a Pablo Iglesias Turrión bajo una misma defensa técnica y representación procesal. Ello puede entenderse como un perdón tácito del ofendido, si bien las normas anteriormente transcritas exigen que el perdón del ofendido se otorgue de manera expresa, antes de que se dicte sentencia”. Proponen entonces que Bousselham presente un escrito diciendo contra quién dirige la acción y que sea citada para ratificarlo.
Tres días después, el juez contesta a Anticorrupción en un auto en el que reproduce varios párrafos literales de la exposición de la Fiscalía y reitera: “De las actuaciones practicadas no se puede inferir en este momento la ilicitud de las actuación del medio de comunicación OKDIARIO o de sus responsables. Tampoco resulta posible vincular las publicaciones aparecidas en el referido periódico digital OKDIARIO, exclusivamente a la intervención del investigado José Manuel Villarejo Pérez”. García-Castellón y la Fiscalía sospechan que Iglesias pudo retener la tarjeta hasta 39 meses, al contar como única certeza de que la tiene en su poder la fecha en el sobre que supuestamente envía para su reparación en Alemania.
Pero la concordancia con la Fiscalía se rompe al responder el juez a la solicitud de comparecencia de Bousselham. En ese momento, García-Castellón dice que es “innecesaria”, que adolece de “falta de proporcionalidad” y que todavía quedan muchas dudas por resolver. Añade que “resulta apremiante” averiguar si la tarjeta se envió a Alemania o a Reino Unido, qué ocurrió con ella en manos de los técnicos, y adelanta lo que concretaría más adelante: Bousselham debe cambiar de abogado para que su decisión “no se vea perturbada o influida por la posición o el cargo que ocupa éste [Iglesias] en la organización política que ambos comparten”.
Por si quedaba alguna duda de que Bousselham no requiere la protección que pretende darle el juez, la exasistente de Iglesias firma un escrito a los tres días y lo remite a la Audiencia Nacional. En él cambia de versión, asegura que recibió la tarjeta en buen estado y desliza que pudo ser ella quien la dañara. “Debo decir que cuando se me entregó, funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono, y así, yo misma, con el fin de proteger mi intimidad, mi vida familiar y mi relación de pareja, accedí a los elementos de naturaleza más personal e íntimos de ésta, y por ello puedo indicar que inicialmente funcionaba bien si bien no contrasté ni analicé su contenido”.
El juez ignora este escrito en su auto del pasado viernes en el que conmina a Bousselham a abandonar a la abogada que comparte con Iglesias si no quiere que el le asigne un letrado de oficio. Dos días antes, el miércoles pasado, dicta un auto para que se remita a Reino Unido una orden internacional de cooperación judicial y poder tomar declaración al técnico y al responsable de una empresa a la que la pareja de Bousselham había enviado la memoria dañada. El juez acuerda esa diligencia sin consultar con la Fiscalía Anticorrupción, según confirman fuentes de la Audiencia Nacional.
Mientras el juez desliza de forma reiterada su sospecha de que Bousselham puede estar coaccionada, la antigua asistente de Iglesias ha lanzado una página web de la que es directora y que está apadrinada por la dirección de Podemos. El 'caso Pablo Iglesias' se alargará, al menos, hasta que sean satisfechas todas las diligencias solicitadas por García-Castellón, incluido un nuevo informe de los investigadores policiales del caso. Entonces, el magistrado deberá archivar la causa o elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con los indicios que ha recabado contra el vicepresidente segundo del Gobierno.