La utilización de la justicia para atacar al adversario político tiene su reverso en la protección de uno de los contendientes. La actuación de Manuel García Castellón recoge indicios de ambas versiones de la politización de la justicia en los últimos años, tanto en la actuación desproporcionada contra la izquierda y los independentistas como en la protección de la principal formación de la derecha, el Partido Popular. Alrededor de la dirección del partido, el magistrado trazó una infranqueable “línea roja” para evitar una investigación, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen. Para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica y Lezo, el juez dictó autos de archivo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP.
La negativa del juez a circunscribir la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas al Ministerio del Interior delimitó las responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El ex ministro fue expulsado del partido; Martínez militó apenas dos años y rompió su carnet. Había indicios acumulados de que las maniobras contra el ex tesorero del PP eran conocidas -si no dirigidas- desde Génova, en cuyos despachos de la zona noble estaban los mayores interesados en que alcanzaran su objetivo.
El juez dictó el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen, el 29 de julio de 2021, último día laborable antes de las vacaciones estivales de aquel año. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción llegó en septiembre. En él, los fiscales calificaban de “sorpresivo” el cierre de la investigación, cuando aún quedaban diligencias por practicar. Reconocían que los indicios contra los policías y los políticos de Interior eran más contundentes que contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Mariano Rajoy, pero ¿por qué no quería indagar el juez sobre los que apuntaban a la cúpula del PP?
En la página 67 del extenso recurso, Anticorrupción afirmó: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.
En el momento de los hechos que se investigaban, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero ni desempeñaba un puesto en el Gobierno ni mucho menos en el Ministerio del Interior. Pese a ello se reunió en múltiples ocasiones con Villarejo, un policía ajeno a la causa judicial de Gürtel y la caja B pero que presumía de haberla cortocircuitado para que no alcanzara a la cúpula del PP. Consta en las anotaciones de su agenda, a la que Asuntos Internos y Anticorrupción dan credibilidad tras constatarla con hechos que están acreditados. En ellas se recogen las visitas a la sede del PP del comisario, por el garaje, sin que nadie pudiera verlo. También, los pagos que habría recibido de Cospedal, a través del jefe de gabinete de esta. E incluso la grabación en la que la entonces número dos del partido y su marido encargan “trabajos puntuales” al policía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos y apoyó el archivo de la causa.
El cierre de la instrucción también afectaba a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular. El juez había abierto una línea de investigación, mucho más incipiente, sobre si era cierto que Villarejo se comunicaba directamente con él, como el comisario había asegurado ante el Congreso de los Diputados. Cuando El País publicó meses después un audio en el que Cospedal pide por teléfono al comisario que “pare” la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del dinero negro del partido, el juez tampoco vio motivos para reabrir la investigación. La instancia superior volvió a darle la razón.
Los indicios de que Cospedal habría dirigido las actuaciones tendentes a anular las causas judiciales contra el partido renacen en una pieza que lleva instruyéndose poco más de un año y de la que solo se supo cuando la Sala de lo Penal, esta vez en contra del criterio del juez, le ordenó reabrirla. Los magistrados consideraban que García Castellón no había practicado las diligencias mínimas solicitada por el principal perjudicado y le obligaron a llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedal como testigo. Ese perjudicado, el abogado Javier Gómez de Liaño, acaba de solicitar nuevas diligencias sobre las que el juez debe decidir. La pieza trata de esclarecer una maniobra para atribuir delitos al entonces letrado de Bárcenas por orden de un “lobby jurídico” detrás del cual estaría el PP y la propia Cospedal.
Púnica, Lezo y tres ex presidentes madrileños
Manuel García Castellón regresó a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2017. En aquel momento, el juzgado estaba empantanado con dos voluminosos casos de corrupción sobre la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: Púnica y Lezo. Junto a los casos Gürtel y PP, se trataba de las causas que provocaban un mayor desgaste al partido: tres presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– así como el secretario general del PP provincial Francisco Granados. Los dos últimos han pasado largas temporadas en prisión.
En ambas causas de corrupción han resultado eximidos de responsabilidad 270 investigados, de los que un centenar son cargos del PP y otras personas vinculadas al partido, según un cálculo adelantado por El Plural. De las distintas piezas que componen las macrocausas hay una que ata a ambas y que destaca sobre el resto, la que investiga la financiación irregular del partido en Madrid. En la misma, García Castellón dictó el sobreseimiento provisional de 57 personas de las que 23 son cargos del PP.
En este cálculo se incluyen los archivos que fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción o ratificados por la Sala de lo Penal, si bien algunos de los casos más destacados quedaron fuera de la causa con la oposición del Ministerio Público. Las fiscales del caso Púnica aspiraban al procesamiento de Esperanza Aguirre, pero una orden del fiscal jefe de Anticorrupción hizo que no firmaran el informe final en el que quedaba fuera la ex presidenta.