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Después de nueve meses de investigación secreta sobre la presunta financiación irregular de Podemos a cargo de Manuel García Castellón, el juez se niega a entregar las pesquisas sobre los investigados –a los que ni siquiera llegó a otorgar esa condición–, pese a que se vió obligado a cerrarla por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el mes pasado.
La defensa de Juan Carlos Monedero ha presentado un escrito alegando vulneración de derechos porque el acceso que se le ha dado a las pesquisas está mutilado por el juzgado y ni siquiera puede disponer del informe de la UDEF que habría sostenido una investigación “prospectiva”, según acordó la Sala de lo Penal y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
García Castellón no se conformó con el cierre de la causa y decidió prolongarla a través de la fórmula de deducir testimonio contra Monedero, que ahora será investigado por el juez ayudante de García Castellón, Joaquín Gadea, quien ha vuelto a declarar secretas las nuevas pesquisas.
En el escrito presentado por la defensa de Monedero se recuerda que la información que reclaman “no es secreta, por lo que carece de causa o justificación alguna la de no constar los meritados informes de la UDEF, máxime respecto de quien se hacen constar los datos”.
La defensa de Monedero pone de manifiesto que también carece de “auto o cualquier otra resolución dictada, o que debería haberse citado, para iniciar la meritada pieza de expurgo”, esto es, los documentos que han sido suprimidos por carecer de relevancia para las pesquisas pero que de algún modo fueron obtenidos por el juez. “Esta parte desconoce cuáles son los criterios de los documentos a expurgar”, añade el abogado de Monedero.
Igualmente, la defensa se pregunta cuáles son los criterios para conceder la condición de testigos protegidos que ofrecieron unos testimonios carentes de fundamento contra Monedero y el resto de fundadores de Podemos investigados, según concluyó la instancia superior a García Castellón.
Por no incluir, el juez ni siquiera ha dado traslado a la defensa del testimonio de Hugo 'El Pollo' Carvajal, sobre la que supuestamente se reabrió la causa contra Podemos archivada en 2016 por tratarse de recortes de prensa del informe PISA, elaborado por la brigada política del PP.