El juez del 'caso Villarejo', Manuel García Castellón, ha acordado prorrogar seis meses más la investigación de la pieza separada 'Pit' al tiempo que ha ofrecido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, personarse como perjudicada ante las referencias explícitas que se hacen sobre ella en algunos de los audios que figuran en la causa.
En un auto de este mismo viernes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, cita como perjudicada a Delgado para “realizar el correspondiente ofrecimiento de acciones” después de haber “podido constatar” que no se le ofreció previamente esta posibilidad. Villarejo aparecería en unas grabaciones vinculando a Delgado con la operación para evitar la extradición del empresario, un encargo millonario de éste al comisario.
A este respecto, el juez señala que “aparecen referencias explícitas por parte” de Villarejo respecto de una “posible participación en los hechos investigados en esta pieza de Delgado, quien hoy ostenta el cargo de fiscal general del Estado, y que en aquel momento era fiscal de la Audiencia Nacional” y “que podrían ser constitutivos de un delito contra el honor”.
Esta decisión se enmarca en la pieza separada número 4 de la macrocausa sobre los trabajos de Villarejo, en la que el juez indaga en el presunto encargo que los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura habrían hecho al comisario jubilado para impedir que el primero fuera extraditado a Guatemala.
El instructor considera necesario alargar la instrucción hasta enero de 2023 “debido a que, revisadas las actuaciones, entiende que existe margen para agotar la instrucción en términos que satisfagan el derecho de defensa y el de acusación, sin que pueda darse por agotado el plazo” destinado a la investigación,
“No se puede inferir, con la seriedad que el derecho penal reclama, que se ha alcanzado la convicción que la fase preparatoria ha llegado a su fin”, sostiene el magistrado, que busca de esta forma “practicar las diligencias” que se encuentran pendientes.
El instructor hace suyas las palabras de la Fiscalía, que interesó la prórroga, para explicar cuáles son los trámites pendientes. Entre otras cosas, todavía debe recibir el informe del actuario de Agencia Tributaria, para que se emitan conclusiones en relación con la comisión de los presuntos delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a algunos de los investigados, “resultando previsible que se puedan derivarse diligencias como consecuencia” del mismo.
“Queda también pendiente de devolución la comisión rogatoria remitida a las autoridades de la República de Guatemala, en la que se solicita la práctica de diligencias de diversa naturaleza con objeto de esclarecer el delito de cohecho internacional”, explica el juez.
Y es que, “como señala el Fiscal, resultará esencial e indispensable la práctica de diligencias derivadas de las anteriores a efectos de concluir la fase de instrucción de un delito de cohecho internacional con cuantía aproximada de 30 millones de dólares en el que se han utilizados estructuras financieras instrumentales complejas con distintos Estados intervinientes con la finalidad de materializar los pagos ilícitos producto del cohecho sin que al día de la fecha se haya procedido a la ejecución de los solicitado por parte de las autoridades guatemaltecas”.
Por otro lado, el magistrado apunta que “también resta pendiente de practicar la declaración de la persona jurídica Pérez y Cía SL” que fue acordada en 2020. “Finalmente, señala el Fiscal en su informe que no puede descartarse que, como resultado de la documentación examinada por la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, puedan aparecer datos que exijan la práctica de nuevas diligencias de investigación”, concluye.
Guatemala solicitó a España la entrega de Ángel Pérez Maura en el año 2016 acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios de la nación centroamericana, incluidos Pérez Molina y Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.
Fue en abril de 2021 cuando García-Castellón decidió asumir la causa dirigida en Guatemala contra uno de los hermanos por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho para concluir la fase de instrucción y, en su caso, proceder a juicio.
No obstante, las pesquisas en España se centran en los 7,4 millones de euros que las empresas de Villarejo y su socio, Rafael Redondo, se habrían embolsado a cambio de los “ilícitos servicios contratados”.
De acuerdo con el magistrado, después ese dinero se distribuyó “para efectuar pagos a mercantiles vinculadas a terceras personas relacionadas con el proyecto 'Pit', para el mantenimiento de la estructura societaria investigada (...) o para realizar transferencias a otras cuentas de las mismas sociedades y otras cuyo titular real es Villarejo”.
La Fiscalía Anticorrupción, que se hizo cargo tanto de esta causa como de la abierta en Guatemala, aprecia en esta supuesta operativa delitos de cohecho, cohecho internacional, tráfico de influencias, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal.