El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por concluida la instrucción de una de las piezas de la denominada “trama Púnica”, la número 7, que investiga el pago de comisiones ilegales a cambio a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music.
Procesa por delitos de tráfico de influencias y prevaricación a quince personas, entre otros al “cerebro” de la trama, el que fuera secretario general del PP en Madrid Francisco Granados y a los responsables de los municipios afectados, entre los que se encuentra el exsenador del PP David Erguido. Se archiva la investigación para más de treinta personas que estaban imputadas en este procedimiento.
La investigación se ha centrado en las adjudicación presuntamente irregulares de contratos públicos a la empresa Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de fiestas populares en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como son verbenas y festejos populares en cinco Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como son Valdemoro --donde Granados fue alcalde-- Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.
En octubre de 2020, en un último impulso a las investigaciones de esta pieza octubre, Erguido declaró ante el juez que en su etapa como concejal de Algete no se dedicó a la contratación ni a pagos para los festejos municipales y ha descargado esa responsabilidad en los técnicos del ayuntamiento porque él se dedicaba sólo a temas políticos.
No obstante, el magistrado ya contaba con el testimonio del exgerente de la compañía investigada, ya fallecido, quien en 2018 admitió ante el juez que organizó actos electorales del PP en Madrid y que no los cobraba, al mismo tiempo que resultaba adjudicatario de la planificación de las fiestas de numerosas localidades de la comunidad.
El empresario también declaró que el PP le llamaba para organizar este tipo de actos porque le debían mucho dinero y porque además consideraba que lo hacía muy bien, y que cuando había algún cambio de color político en los municipios madrileños y pasaba a gobernar el PP, aprovechaba para visitar al nuevo equipo para ofrecer sus servicios de organización de eventos.
Imputados
Además de contra Granados y Erguido, el auto al que ha tenido acceso Europa Press ordena llevar a la fase intermedia de la causa a los ex alcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los ex ediles de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; los ex regidores María Ángeles Herrera (Ciempozuelos); Inmaculada Juárez (Algete); y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio).
Completan la lista de procesados la ex directora general de la empresa pública Arpegio Carmen Plata; los ex jefes de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro María del Carmen Benito Saldaña y Alfredo Ovejero; y los ex concejales Rafael Marín (Ciempozuelos), Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) y Lorenzo del Triunfo (Algete).
Según los indicios recogidos, el empresario Huerta, dada su experiencia previa, y especialmente el trato que ya había mantenido con diferentes municipios, especialmente con Valdemoro, en la época de alcaldía de Granados, logró en 2003 la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), Moraleja de En medio (104.565,12 euros), Humanes de Madrid (87.491,47 euros) y, con menor importancia, los de Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia (7.948,32 euros, 17.527,60 euros, 17.469,88 euros y 17.527,60 euros respectivamente). Logró seguir contratando con ellos de forma ininterrumpida y con cantidades similares en algún caso hasta 2013.
Fuera de dichos clientes, también logró facturación de empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, así como de Metro de Madrid, por cuantía total conjunta de 571.311,61 euros, de los que 198.940,00 eran de Metro de Madrid, S.A.).
Operativa
En muchos casos, según el juez, tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.
Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, “proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados”.
Huerta realizaba dichos encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos.
Durante su declaración ante el juez, Huertas de refirió también fiestas del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, que engloba a los 42 municipios que componen la sierra norte, unas actividades de las que también habla el auto del juez.
Otro epígrafe apunta al concierto “Night of the proms”, un evento que se viene organizando en distintos países europeos y del que se encaprichó el exdirigente madrileño.
Para la organización del concierto se destinaron 225.000 euros de subvención pública y 80.000 euros que provenían de la empresa pública de gestión del suelo Arpegio y el empresario aseguró al juez que perdió 75.000 euros en esta operación. También aseguró haber pagado los gastos de la comunión de la hija de la exalcaldesa de Algete Inmaculada.