El juez Manuel García Castellón ha rectificado su decisión de dar por concluida la investigación por actos de bienvenida a presos de ETA que tomó hace tres meses. A petición de una asociación que preside un diputado del PP en la Asamblea de Madrid, y a la que se adhirió la acusación popular que ejerce el propio Partido Popular, García Castellón ordena ahora nuevas diligencias de acuerdo al contenido de un chat de Telegram de Sortu, el partido central de la coalición EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno.
El motivo de la reapertura adoptada por el juez son unos informes de la Guardia Civil que incluye conversaciones de chats de Telegram entre miembros de la izquierda abertzale vinculados al mundo de los presos. Como hiciera recientemente con el caso de Tsunami Democràtic, el juez reconoce que ha tenido que “revisar las actuaciones” para aceptar la petición de Dignidad y Justicia, la asociación que preside el diputado autonómico del PP Daniel Portero.
El juez no cita la fecha de los informes de la Guardia Civil que le han servido para reabrir el caso pero fuentes próximas al mismo aseguran que son anteriores –algunos de hace más de dos años– a que el juez no los considerara necesarios para prolongar la investigación. Tras una serie de publicaciones en los medios, García Castellón dice ahora que “el cierre de la instrucción [del 27 de octubre de 2023] fue prematuro, al faltar diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
García Castellón amplía el plazo de la instrucción hasta el 29 de julio del presente año y ordena ya a Telegram que informe sobre la titularidad de tres canales de Telegram “donde se imparten directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA”. El juez busca la titularidad de esos canales si bien ya advierte que dos de ellos son “pertenecientes al partido político Sortu” y el tercero a la “red ciudadana Sare”.
El instructor alude a dos investigados a los que se intervino hace años su teléfono durante su arresto, en junio de 2021. Se trata de Carlos Saez de Erguilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro. El dato que aporta ahora García Castellón es que ambos investigados están suscritos, como miles de personas, a los canales de Telegram citados y que estos canales imparten después “directrices” sobre los presos de la organización terrorista ya desaparecida.
Los chats analizados por la Guardia Civil recogen otro extremo al que García Castellón todavía no alude de forma directa, las conversaciones entre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el diputado de EH Bildu Julen Arzuaga. Dignidad y Justicia ya ha pedido que se cite a Arzuaga después de aparecer en un intercambio de mensajes con Ortiz en el que el primero le pide “desbloquear situaciones excepcionales” de algunos presos.