El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reunido este jueves a la Junta de Fiscales de Sala, su principal órgano asesor, para explicar su decisión de seguir en su cargo después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En una intervención que ha durado menos de media hora, García Ortiz ha negado haber filtrado ningún correo y ha defendido que tiene la convicción de que mantenerse en el puesto es lo mejor para la institución. Ha sido una reunión meramente explicativa o informativa, en la que no se ha producido ninguna votación sobre la continuidad del máximo representante del Ministerio Público.
Sí ha habido un turno de intervenciones, en el que una veintena de los 30 asistentes —todos fiscales de sala, la máxima categoría de la carrera— han tomado la palabra. De ellos, ocho han afirmado de forma expresa que lo más apropiado sería la dimisión del fiscal general, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. Además, otras tres intervenciones han sido confusas, con apelaciones a la complicada situación a la que este asunto aboca a la carrera; y una decena de intervinientes han respaldado sin ambages a García Ortiz.
El Supremo decidió este miércoles abrir una causa penal contra el fiscal general por la filtración de los correos en los que González Amador reconocía haber defraudado más de 350.000 euros. Por primera vez en la historia, un tribunal investigará a la cúpula de la Fiscalía por un delito de revelación de secretos y lo hará por una causa que arrancó con un bulo salido del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Tras la decisión del Alto Tribunal, García Ortiz anunció que no dimitiría y convocó a los principales órganos de la carrera para explicar su decisión y escuchar sus comentarios. A esa Junta de Fiscales de Sala, celebrada en la mañana de este miércoles en la sede de la Fiscalía General del Estado, han asistido 30 de sus 35 miembros.
La primera intervención ha sido la de García Ortiz, que ha defendido su continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo. También ha defendido que entre las funciones de la Fiscalía está informar de los asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
Después han llegado las intervenciones de los fiscales. Ocho le han aconsejado que debería dejar el puesto para preservar la imagen de la institución. Entre esas voces críticas están las de los cuatro fiscales del procés —Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno—, que mantienen un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula del Ministerio Público.
En su día, estos fiscales también se posicionaron a favor de investigar la querella de González Amador y que ha acabado derivando en la apertura de una causa contra García Ortiz. También han defendido que debería dimitir la fiscal de criminalidad informática, Elvira Tejada; y los fiscales del Supremo Antonio Narváez, José Javier Huete y José Miguel de la Rosa.