Garzón ha presentado este miércoles un paquete de 24 medidas para la laicidad del Estado. Y lo ha hecho eligiendo como fondo la Catedral de la Almudena mientras curiosos, turistas e incluso religiosos que acudían al recinto escuchaban sus propuestas para acabar con cualquier relación entre la Iglesia y el Estado.
Acompañado del presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, Garzón ha sostenido que la sociedad española está ya “perfectamente madura” para “rediseñar” la Constitución de 1978 y el Estado, arreglando algunas de las “fallas” que dejó la Transición.
A su juicio, una de esas “fallas” es la imposibilidad para alcanzar un Estado laico. “Tenemos un montón de agujeros que permiten incluso una financiación directa por parte del Estado de las diferentes confesiones, particularmente de la Iglesia católica”, ha lamentado.
Según los datos que ha aportado, el Estado aporta a la iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, más de 11.000 millones de euros anuales. Esto supone 240 euros anuales, o 20 euros al mes, por cada ciudadano. Esta cifra se alcanza sumando las asignaciones vía IRPF, las exenciones y bonificaciones tributarias o la financiación a centros de enseñanza privados concertados de ideario católico.
EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAICA
Precisamente, la educación es uno de los ámbitos en los que IU hace especial hincapié y defiende una educación “cien por cien pública y cien por cien laica” sacando “cualquier asignatura de adoctrinamiento religioso fuera de las escuelas públicas y al mismo tiempo acabando con el privilegio de los centros concertados de la capacidad de adoctrinar religiosamente a la ciudadanía”.
IU también aboga por derogar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, reformar la Constitución para garantizar la laicidad del Estado, eliminar la casilla de la Iglesia en el IRPF o una desamortización paulatina de patrimonio de la Iglesia católica.
“Estamos en una sociedad moderna y el Estado no puede depender de una religión y escenarios de privilegio para ninguna religión”, ha insistido Garzón tras explicar el caso de las inmatriculaciones, que permitió a la Iglesia registrar a su nombre numeroso patrimonio “que en muchos casos eran de propiedad pública antes de la dictadura”.
Otra de las medidas afecta al Código Penal, ya que IU incluye en su programa la derogación de los artículos 522 a 525, que tipifican como delito la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos, en relación a sus actos o ceremonias, tanto de palabra como de forma escrita.
ELIMINAR LOS ACTOS OFICIALES RELIGIOSOS
Pero además, incluye una batería de medidas de carácter simbólico por las que ninguna autoridad pública podrá participar como tal en actos de carácter religioso, se elimina cualquier tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y se suprimen los honores a imágenes, advocaciones, santos o símbolos religiosos.
IU también pide la supresión de las ceremonias religiosas en los actos oficiales que organice el Estado, como por ejemplo los funerales o tomas de posesiones, y quiere eliminar las capillas de cualquier espacio público dependiente de la administración. En cuanto a las Fuerzas Armadas, aboga por la supresión de cualquier presencia de las fuerzas de seguridad en ceremonias religiosas y eliminar la figura de los capellanes funcionarios católicos y el Arzobispado Castrense de España.
Otra de las medidas que incluye esta batería de propuestas es que los medios de comunicación públicos dejen de emitir ritos de carácter religioso y garantizar que todos los cementerios sean civiles, dejando en manos de los familiares la celebración de las ceremonias que consideren pertinentes.