Baltasar Garzón ha reaccionado este jueves al dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU: “El daño ya está hecho y ha sido inmenso. La única forma de compensarlo es reponerme en mi cargo y en mi categoría de magistrado”. En un comunicado de la firma Human Rights in Practice, que representa a Garzón, el exjuez ha valorado la decisión del comité, que concluyó este miércoles que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia y no le garantizó un proceso justo.
El escrito del organismo de la ONU, al que tuvo acceso elDiario.es, considera que la condena a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, que el entonces magistrado instruía desde la Audiencia Nacional, siguió un proceso “arbitrario”, y exige por tanto una “reparación integral” a Garzón.
En el comunicado difundido este jueves, el exmagistrado insiste en el perjuicio sufrido durante más de una década a raíz de la decisión del alto tribunal: “El daño ya está hecho y ha sido inmenso. Lo he sufrido durante once años, día a día, hora a hora y minuto a minuto, por una decisión arbitraria e injusta”. Para Garzón, lo que vivió a raíz de esa decisión judicial es “es lo peor que le puede pasar a una persona que ha dedicado y dedica toda su vida a la Justicia: la pérdida de la condición de juez de una forma arbitraria”.
Así, además de pedir la restitución de su cargo y su posición de magistrado, el abogado pide que España adopte medidas para evitar que se cometan “violaciones semejantes en el futuro”. “España tiene ahora la obligación de hacer una reparación integral por los derechos que me han sido violentados, deberá borrar mis antecedentes penales y proporcionarme una compensación adecuada al daño sufrido”, pide.
Garzón se alinea así con la solicitud del comité de la ONU, que, como parte de una “reparación integral” que exige, pide que borre sus antecedentes penales y le proporcione una “compensación adecuada” en un plazo de seis meses para “garantizar una reparación efectiva” por los derechos lesionados.
Esta resolución pone fin a seis años de investigación que se iniciaron con la denuncia del propio Garzón, que afirmaba haber sido víctima de “una persecución y de represalias” por las investigaciones que dirigía sobre el caso Gürtel y los crímenes del franquismo. Tras analizar las alegaciones aportadas por el Estado español, el organismo de la ONU ampara al juez Garzón con un contundente informe.
De entrada, recuerda que la decisión de pinchar los teléfonos de los abogados de los principales acusados de Gürtel se adoptó a petición de la policía, contó con el respaldo de la Fiscalía, que como el magistrado también vio indicios de actividad delictiva en los letrados, y fue prorrogada por el juez que sustituyó a Garzón en la investigación. El organismo de la ONU también se coloca del lado de Garzón sobre la falta de imparcialidad de algunos de los jueces que lo condenaron.
“Estoy contento con esta resolución. Lo estoy personal, familiar y profesionalmente; lo estoy por todos y todas aquellos y aquellas que han creído siempre en mí, en la honestidad de mi trabajo”, ha comentado Garzón tras conocer el informe, al tiempo que ha sostenido que está “especialmente contento” por las víctimas “que todavía siguen esperando Justicia en el caso del Franquismo”.
La presidenta de Human Rights in Practice, Hellen Duffy, que ha representado al exmagistrado durante todo este proceso, también ha saludado la resolución del organismo de Naciones Unidas, que ha calificado como una “vindicación tardía pero importante” para él. Pero va más allá: “[El dictamen] reafirma y clarifica las garantías esenciales de la independencia judicial, en un momento en el que están siendo atacadas globalmente”.