El abogado Baltasar Garzón ha reclamado en nombre de un colectivo de afectados la devolución del dinero republicano incautado durante la guerra civil por el dictador Francisco Franco, que, según sus cálculos, equivaldría hoy a más de tres mil millones de euros.
En un comunicado, el bufete de abogados del exjuez, ILOCAD, informa de que ha presentado la reclamación ante el Consejo de Ministros, firmada por Baltasar Garzón, con la colaboración del despacho Amparo Legal, en representación de un grupo de perjudicados por el decreto ley de 12 de noviembre de 1936.
Los demandantes están agrupados en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) y reclaman que se soluciones su contencioso porque la ley de memoria histórica les dejó fuera.
La demanda explica que dicho decreto motivó que el Banco de España declarase sin validez alguna los billetes (entonces de pesetas) hasta ese momento en curso legal que se hubieran puesto en circulación con posterioridad al 18 de julio de 1936, fecha del denominado alzamiento nacional.
Añade que para que los billetes emitidos con anterioridad fueran considerados legítimos tendrían que estar estampillados con los requisitos legales correspondientes.
El escrito firmado por Garzón se entregó el pasado lunes mediante reclamación administrativa individualizada de responsabilidad patrimonial del Estado legislador al amparo del artículo 106.2 de la Constitución y del 139 al 146 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Su objetivo es que el Estado haga efectiva la indemnización que corresponda al valor del papel moneda de la titularidad de los perjudicados.
A juicio del despacho de Baltasar Garzón “la estrategia, desde el punto de vista de arma de guerra, pretendía introducir un sistema de pagos que rompiera con la república y que forzara los precios y la velocidad monetaria en la zona enemiga”.
“Esta decisión afectó de lleno a la población civil por cuando la privaba de medios de pago legítimos según fuera territorio conquistado o no”, agrega.
Explica que “el cúmulo de requisitos que se establecían hacía casi imposible la entrega y ponía en grave riesgo a las personas que se identificaran como titulares de lo que se llamaba papel moneda puesto en circulación por el enemigo”.
La demanda destaca que “la privación a sus titulares del dinero legítimo emitido por las autoridades republicanas se realizó de forma coactiva pues su mera tenencia era constitutiva de delito de contrabando”.
“La moneda incautada no se destruyó y su valor fue reconocido por la Administración no solo en los informes del Banco de España sino además por la constitución con este dinero de un fondo denominado Papel Moneda y con los diferentes apuntes sobre el mismo recogidos en su contabilidad”, relata.
Los demandantes alegan que el dinero republicano confiscado durante la guerra civil por el ejército de Franco ascendió, según consta en el informe del Banco de España de 11 de marzo de 1938, a 35.047.500 pesetas.
Fundamentan que el valor actualizado más los intereses de una peseta de entonces equivaldría aproximadamente a 86,24 euros, por lo que el valor del dinero del que se apropió el Gobierno de la zona nacional sería ahora de 3.022.496.400 euros.
“Esta moneda, aunque privada formalmente de valor en virtud de las disposiciones dictadas en la zona nacional, tenía valor tanto en el extranjero como en la zona republicana”, señala la demanda.
Además, advierte de que “deben tenerse en cuenta las leyes dictadas cincuenta años después de las incautaciones que reconocen derechos de otros perjudicados por hechos similares que se produjeron también durante la guerra civil”.